Quito/PL

La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (Seteci) de Ecuador estudia hoy la suspensión de los contratos de unas 16 Organizaciones No Gubernamentales (Ong), tras el cierre la víspera de las operaciones de otras 26.

Esta institución gubernamental argumentó que su decisión se fundamenta en un Decreto Ejecutivo, según el cual las Ong deberán ser precisadas a actualizar su condición jurídica y cumplir con los requisitos previstos para su funcionamiento.

Voceros de la Seteci citados por el diario El Telégrafo señalan que se busca transparentar los procesos de regulación de las asociaciones foráneas que intervienen como actores de cooperación internacional.

Para ello, el gobierno ecuatoriano había convocado a que estas regularizaran los propósitos de su estancia en el país, sin embargo varias no lo hicieron, por lo cual fueron excluidas de continuar operaciones en territorio nacional.

Además, se notificó a otras 16 para que, en el plazo de 15 días contados a partir del 4 de septiembre, suscribieran un nuevo Convenio Básico de Funcionamiento.

La Seteci precisó que la terminación del convenio de operatividad entre el Estado y 26 organizaciones no gubernamentales foráneas responde a una medida legal y no a represalias de ninguna índole.

El gobierno asignó a la esta Secretaría de Estado la regulación y control de las Ong, con lo cual asumió la revisión de los convenios básicos de funcionamiento, el registro de programas y proyectos y su seguimiento, además de la evaluación de sus labores.

Con respecto a los proyectos y programas financiados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y otras Ong inició un proceso para exigir mejor coordinación y articulación de su trabajo.

Para la Seteci, la cooperación de Ong extranjeras en el país debe responder a prioridades actuales definidas por la planificación nacional para la cooperación, fomentar el equilibrio territorial, la equidad en la distribución de recursos y el fortalecimiento institucional.

Esta semana al menos 26 de estas asociaciones fueron suspendidas, de las cuales nueve son de Estados Unidos y el resto de Italia, España, Reino Unido, Argentina Colombia, Filipinas, Singapur, Dinamarca, Bélgica, Puerto Rico y Alemania.

El gobierno de Ecuador había anunciado la revisión de los contratos de las Ong y la evaluación de la pertinencia de sus operaciones en el país, ya que en algunos casos se había desvirtuado el propósito manifiesto para sus acciones concretas.

Una investigación periodística reveló la presencia de estas formas de asociación en lugares estratégicos para la nación, como las reservas naturales donde incluso existen proyectos nacionales.

Expertos locales coinciden en que el gobierno estadounidense pretende el control del agua dulce de Latinoamérica, así como del potencial para generar energía hidroeléctrica y sobre uno de los sistemas ecológicos con mayor concentración de biodiversidad del mundo.

Se considera, además, que las iniciativas medioambientales tienen propósitos injerencistas al intentar el control de recursos naturales, minerales y energéticos, a fin de echar abajo las condiciones de negociación planteadas para la región.