El embargo de McDonald’s por no pagar $24 millones a Servipronto, es ejecutado por elementos de la Policía Nacional Civil que custodian uno de los restaurantes de comida rápida. Foto Diario Co Latino/Juan Carlos Villafranco.
Leonor Cárdenas
Redacción Diario Co Latino
Juzgado cuarto de lo Mercantil emite sentencia a favor de Servipronto El Salvador y resuelve embargar las regalías que McDonald’s Mesoamérica entrega mensualmente a McDonald’s Coorporation de las ventas totales de los restaurantes.
“Estamos ejecutando esa orden judicial de embargo en las regalías en el porcentaje que se le paga a McDonald’s en El Salvador; de no retenerse dicho porcentaje, habría que realizarse acciones judiciales a posteriori para deducir responsabilidades por incumplimiento a una orden judicial”, manifestó José Arnulfo Hernández Lemus, abogado de Servipronto.
Hernández aseguró que la acción realizada es una actividad de carácter complementaria en virtud de que es un crédito el que tiene la empresa McDonald’s .“Nosotros podemos, precisamente, embargar ese crédito”, dijo.
Asimismo, Hernández explicó que el resto de las acciones se realizará después de un proceso de venta pública en subasta de las marcas, “ya que por el momento únicamente se ha procedido al embargo de la marca y congelar el derecho de McDonald’s de poder disponer de ellas. Excepto el uso porque es una medida precautoria”.
La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la condena de $23.9 millones contra la corporación McDonald’s por daños, perjuicios e incumplimiento del contrato con la empresa Servipronto de El Salvador.
Al parecer, los magistrados rechazaron el recurso de casación con el cual se pretendía anular una decisión de los magistrados de la Cámara Segunda de lo Civil, que favoreció a Servipronto en diciembre 2005. En ese momento, McDonald’s presentó el recurso y extendió por cuatro años más el litigio.
El juicio mercantil entre Servipronto y McDonald’s inició en 1997, período en el que una de las partes involucradas trató de resolver el caso por medio de un arbitraje por considerar que era una de las formas más razonables. Sin embargo, la empresa de Roberto Bukele no renunció a la demanda civil interpuesta ante los tribunales respectivos.



