Bianca Segura
Redacción Diario Co Latino
“Lo único que quiero es que nos digan qué hicieron con ellos y dónde están sus cuerpos”, es la petición de Alicia Sibrián, una señora de 86 años que, acompañada junto a una de sus hijas, llega todos los años al Monumento de los Desaparecidos, en el Parque Cuscatlán.
Los hijos de Alicia: Dolores del Carmen, Rafael Antonio y Oswaldo Esteban fueron sacados de su vivienda el 18 de julio de 1981 y no fueron encontrados, pese a que su madre los buscó en diferentes instituciones de Derechos Humanos y pidió referencias a las autoridades policiales y militares.
“ Hemos ido a la asamblea y nadie nos da respuesta sobre el paradero de nuestros hijos¨, lamentó Sibrián.
La misma petición tiene Maura Urrutia y su hija, Ana Alicia. Ellas perdieron a su hermano Roberto Urrutia.
¨Mi hermano luchaba con los miembros del FMLN, en el kilómetro 28 de la Troncal del Norte y fueron emboscados, pero no se encontraron sus cuerpos. Él se perdió entre el 31 julio y el 1 de agosto de 1980, afirmó Maura, quien además de su hijo perdió a dos sobrinos durante el conflicto armado.
Como ellas, varias madres y familiares conmemoraron el Día de los Desaparecidos por el Conflicto Armado junto al Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador.
Durante el evento se realizó un acto ecuménico con distintas iglesias y se hizo un llamado para que la Asamblea Legislativa ratifique el 30 de agosto como el Día Nacional del Desaparecido.
“ Nosotros metimos la primera pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa en 1996 y la última fue en junio de este año, pero no hemos tenido respuesta. Siempre que pasa la iniciativa a la plenaria, los diputados de ARENA se niegan y pasa de regreso a la comisión de Cultura y Deporte”, explicó Guadalupe Mejía , miembro del Comisión Pro Memoria Histórica.
El 30 de agosto se celebra con diferentes actividades a nivel internacional el Día de las Personas Víctimas de la Desaparición Forzada.
En El Salvador no se tiene ese decreto aún con las estadísticas del Comité que indican que alrededor de 10 mil personas fueron desaparecidas en el conflicto armado.
Al no encontrar respuestas, las organizaciones han creado una Política de Reparación a los familiares y víctimas que fue presentado al Presidente Funes en noviembre de 2009.
En la política, las organizaciones propusieron abrir los archivos de la Fuerza Armada para conocer el paradero de las miles de víctimas del conflicto armado.
“Cuando los capturaban, ellos pedían sus nombres, direcciones y teléfonos. Esos archivos pueden esclarecernos dónde están. Es una petición que le hacemos al Presidente Mauricio Funes”, afirmó Antonia de Cabrera, miembro de la Comité.
Por su parte, Esther Alvarenga, Coordinadora General de PRO BUSQUEDA y miembro del comité, señaló que abrir los archivos de la Fuerza Armada sería valioso para reconstruir un país lleno de heridas del conflicto armado.
“Los archivos de la Fuerza Armada deberían ser puestos al público.
No solo que sirva para la investigación, si no, para que la población conozca esos hechos. Es necesario para la construcción del país. Nos ayudará a establecer que pasó con el desaparecido y el asesinado. Es una decisión necesaria para construir la paz“, señaló.



