Redacción Diario  Co Latino

El sistema de subasta de las frecuencias del espectro radioeléctrico limita el acceso a quienes tienen los recursos económicos, y, por lo tanto, restringe la libertad de expresión porque no permite que sectores que no tienen un poder adquisitivo pueden obtener una frecuencia, dijeron esta mañana representantes de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
Por ello, junto a la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), presentaron la semana pasada un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, detallaron en la entrevista Agenda de Nación de Canal 10 y Radio Nacional.
 “Es una inconstitucionalidad que trata de atacar una figura que para nuestro análisis es perniciosa para la libertad de expresión misma, y es el de la subasta como único mecanismo para la concesión de las frecuencias”, dijo Juan Carlos Sánchez, coordinador del Programa de Transparencia de FESPAD.
Explicó que el espectro radioeléctrico es un bien que nos pertenece a todos porque es propiedad del Estado, sin embargo, actualmente el único mecanismo para obtener la concesión de este recurso público es la subasta, la cual beneficia a quien tiene más recursos económicos.
 “Uno de los elementos que estamos atacando con esta sentencia es que este mecanismo viola entre otros, el principio de la igualdad. Es decir, todos somos iguales ante la ley, ¿y por qué solo tienen acceso quienes tienen recursos económicos para poder acceder a una frecuencia?”, dijo Sánchez.
Por su parte, José Luis Benítez, jefe del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA, señaló que la libertad de expresión tiene también un componente social, el cual se ejerce a través de los medios de comunicación.
 “Aquí se está violando seriamente y en muchos países se viola evidentemente, no somos los únicos donde se viola la libertad de expresión, en la medida en que sectores sociales, organizaciones, iglesias, sindicatos, distintos grupos que no tienen un poder adquisitivo, pero que quieren comunicar, que quieren hacer ejercicio de su derecho a comunicación, no lo pueden hacer porque no tienen ese dinero”, dijo Benítez.
Añadió que en otros países existen otros criterios, además del económico, para asignar las frecuencias del espectro radioeléctrico, que permiten que grupos sociales que no cuentan con tantos recursos económicos puedan tener un proyecto de comunicación.