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El Salvador, Viernes 24 de Mayo de 2013
Última actualización : 24/09:46 h.

Jueves, 23 de Agosto de 2012 / 10:05 h

Familiares piden justicia, verdad y restauración para las víctimas

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Familiares y sobrevivientes de la masacre ocurrida en 1982, en El Calabozo, de San Esteban Catarina, San Vicente, escuchan la misa en conmemoración de las víctimas.



Bianca Segura
Redacción Diario Co Latino

El sonido de los morteros y de los helicópteros  era  la señal evidente que la Fuerza Armada desplegaría en cuestión de horas un operativo militar en la zona y que tenían que huir  por su seguridad.  En minutos, varias familias salieron de sus viviendas con sus pocas pertenencias rumbo al bosque o a las orillas del río a refugiarse.  

Una de ellas fue la familia de Héctor Antonio Sánchez, que en ese tiempo era un niño de 11 años, que junto a otras, se concentraron sobre el río Amatitán, en la comunidad Amatitán Abajo, en el municipio de San Esteban Catarina, San Vicente.
 »Eran como las seis de mañana cuando todos estábamos a lo largo del río. Pero, mi mamá nos dijo: ‘alejémonos de la gente. Caminemos más‘ y nos fuimos por el monte, como a unos 200 metros, más retirado de las personas», relató.
Pese a la iniciativa de la madre, una de las hermanas mayores de Héctor decidió quedarse con la muchedumbre, junto a la familia de su esposo. La mujer tenía siete meses de embarazo y se dificultaba su travesía por el río. Mientras que Héctor junto a sus seis hermanos  y su madre continuaron su camino, hasta que llegaron a un lugar donde pudieron descansar por un momento. Exhaustos, los hermanos Sánchez se durmieron entre los arbustos.
« Era tipo las nueve de la mañana, cuando se escucharon disparos. Mi madre nos despertó y seguimos caminando más lejos. Llegamos a una lomita y ahí estuvimos por tres días. Como teníamos hambre, nos tocó agarrar elote crudo y comerlo», recordó Héctor.
Cuatro días más tarde, la familia Sánchez regresó a su vivienda donde encontró su casa y sus cultivos quemados. Por sobrevivientes, la familia  supo que la hermana mayor había muerto. «Esa noche llovió fuerte en la zona. El río se llevó varios cuerpos de nuestros familiares», dijo.
Igual suerte fue para la familia Realegeño.  María Margarita, una de las hijas mayores de la familia, tuvo un presentimiento de que algo le había ocurrido a su familia  y se enteró de la suerte de ellos hasta varios días después.  » Mis padres , mis hermanos y una cuñada quedaron muertos cerca del río», aseguró.
La familia Realegeño, igual que otras, trataron de escapar de los militares, pese  a que se encontraban emboscados. Juana Antonia, hermana de María Margarita, fue una de las sobrevivientes de la masacre.
«Desde pequeña tuvo problemas con una de sus piernas que le imposibilitaba caminar bien. Como todos iban huyendo, nuestra familia era rezagada por el resto. Por lo que mi papá le dijo: -hija, la gente nos va dejando. Ella se molestó y prefirió regresarse a la casa con la posibilidad de que solo a ella la mataran»,  narró Sánchez.
Más tarde, María Margarita se enteraría que su familia estuvo a punto de salvarse de la masacre. «Me enteré, por los sobrevivientes, que mi familia se había resguardado en los arbustos. Cuando pasó una fila de soldados. Entonces, un niño dijo ¨papá, ahí van los soldados¨. Ellos le alcanzaron a escuchar y mataron a la criatura y a su padre. El coronel a cargo pidió que «catearan» el monte y ahí encontraron a mi familia», recordó.
Como ambas familias,  más de 200 personas, entre niños, mujeres y ancianos de varias comunidades fueron emboscadas y asesinadas por varios frentes militares, el 22 de agosto de 1982, a la orilla del río Amatitán, en una zona conocida como El Calabozo.
Después de asesinarles, los soldados rociaron ácido y gas sobre los cadáveres. Sus familiares no pudieron reconocerles ni darles cristiana sepultura.
Según las investigaciones, los responsables de la masacre fueron los batallones: Atlacatl, Ramón Belloso, El Atonal, con el Destacamento Militar número dos y la Quinta Brigada de Infantería, entre otros, como parte del operativo «Teniente Coronel Mario Alberto Azenón Palma», realizado ese año con el objetivo de «limpiar» la zona de «guerrilleros» en los municipios de  Santo Domingo, San Sebastián, San Lorenzo, Santa Clara y San Esteban Catarina, del departamento de San Vicente.
No obstante, la investigaciones realizadas por la Comisión de la Verdad y por el Centro de Promoción de Derechos Humanos «Madeleine Lagadec», las víctimas fueron civiles que no pudieron defenderse de los mandos armados.
Carolina Constanza, coordinadora de Centro de Promoción de Derechos Humanos «Madeleine Lagadec», afirmó que familiares de las víctimas interpusieron una demanda en el Tribunal de Primera Instancia en San Sebastián, en 1992 con el objetivo de investigar el caso.  
Sin embargo,  hasta la fecha, el tribunal no ha dado una resolución favorable. En 2010, se presentó un  Amparo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para pedir que se investigue el caso y tampoco hay respuesta.  «Hay una demanda en la Fiscalía de San Vicente para que se investigue el caso  y no hay ningún avance. Nosotros creemos, porque hemos tenido casos,  es por la Ley de Amnistía. Para nosotros, esa ley es obstáculo. Los hechos de masacre, como el que ocurrió en El Calabozo, son hechos que no son amnistiados y no prescriben en el tiempo, hasta que exista  una resolución favorable», aseguró Constanza.
 Al respecto, Amnistía Internacional realizó una visita en abril pasado para realizar una investigación sobre la masacre.  Ayer, la organización internacional dio un comunicado donde pedirá al Presidente Mauricio Funes el reconocimiento y responsabilidad del Estado en esa masacre, medidas de restauración para los sobrevivientes y sus famliliares y  que la CSJ resuelva el amparo.
Mientras se espera que la Corte resuelva el caso,  Héctor, Margarita y miles de familiares y sobrevivientes reclaman justicia y restauración para las víctimas.
«Yo le pido al gobierno que esclarezca los hechos.  No podemos seguir con la impunidad contra las víctima de esos atropellos. Ellos hicieron esas masacres con personas indefensas que no tenían armas para defenderse del ataque»,  opinó Sánchez, que todos los años llega a la zona para conmemorar la fecha junto a los pobladores de la comunidad.
En el 30 aniversario,  las comunidades realizaron una misa por las almas de los sobrevivientes y para pedirle a Dios que la paz pueda llegar a los sobrevivientes del conflicto armado que dejó muchas heridas en los salvadoreños y no pueden ser sanadas, pese a la firma de los Acuerdos de Paz.

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