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La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en abril de 2012, ha provocado una de las crisis más significativas del sistema político salvadoreño. Pero esto ya había sucedido en mayo de 2006, sin afectar la estabilidad institucional del país, como ahora se sostiene.

En abril de 2006, recién terminaban aquellas elecciones legislativas y municipales donde, como de costumbre, el entonces Presidente acuerpó la campaña de diputados y alcaldes de su partido repitiendo el eslogan “un voto por ARENA es un voto por el presidente”.

Los resultados electorales en ese momento dejaron al FMLN con 32 diputados (en la legislatura anterior tenía 31), ARENA 34 (antes tenía 27), PCN 10, PDC 6 y CDU 2.

La pasión de la campaña electoral quedaba atrás y al revisar en frío los resultados, la aritmética legislativa no planteaba ninguna combinación que lograra la mayoría calificada de 56 votos para los partidos mayoritarios, tal como había sucedido en todas las elecciones legislativas desde 1997.

En los períodos legislativos anteriores, el entrampe legislativo para obtener el voto calificado se había resuelto gracias a los fraccionamientos del partido de oposición (FMLN).
La revista Envío, producida por la UCA de Managua, tras los resultados recogía las disyuntivas de Saca, que sin tener mayoría absoluta en el parlamento tendría que trabajar por la “gobernabilidad”, el “diálogo político” y sobretodo “el consenso parlamentario”.

Viendo este panorama, el partido de gobierno cayó en la cuenta que en el último tramo de su gestión presidencial no iban a poder tener los votos en el Congreso para aprobar todo lo que quisieran: préstamos por más de 356 millones de dólares, elección de funcionarios de segundo grado y algunas reformas a la Constitución.En ese momento habían 3 temas prioritarios que había que resolver antes del 1º de mayo de 2006 y que eran parte de la mora legislativa: la elección del Fiscal General de la República, reformas al Tribunal Supremo Electoral para separar sus funciones jurisdiccionales y administrativas, y algunas reformas a la Constitución.

Allá a lo lejos había una pequeña preocupación por una elección de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la cual no era cubierta mediáticamente con mayor intensidad que otros temas como la propuesta de reforma constitucional para evitar las bodas gays.
Al respecto Luis Mario Rodríguez, Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de Saca tenía la certeza de que “nuestro pueblo es conservador por excelencia; la mayoría profesamos un profundo amor por Dios y por tanto rechazamos con vehemencia todo aquello que signifique una transformación de lo que el Creador señaló como natural entre los hombres y las mujeres” (EDH, 11/04/2006).

El mes se acortó más en tiempo productivo para los diputados antes que asumiera la legislatura electa, debido al receso obligado del 9 al 17 de abril de la semana santa de 2006. Prácticamente en una semana se tenían que agilizar los temas pendientes para que el partido de Gobierno pudiera evitar una obligada negociación con el FMLN, de acuerdo a la correlación de la nueva legislatura.

Guillermo Ávila Qüehl, ex diputado de ARENA en ese entonces afirmaba en El Diario de Hoy, el 16 de abril de ese mismo año, que “el nombramiento de los magistrados de la CSJ no les quitaría el sueño, y no sería la prioridad de dicha legislatura (2003-2006) que finalizaba el 30 de abril”.

Hasta aquí, el Estado de Derecho seguía virgen, según las impresiones que se podían recoger de las distintas publicaciones y comentarios de diversos actores de la vida nacional. Es más, hasta ese momento nadie hablaba de un riesgo de violación al Estado de Derecho.

ABANSA, en voz de Claudio de Rosa, pensaba en homologar las leyes bancarias centroamericanas y Roberto Rubio, Director de FUNDE centraba su atención en “las reformas políticas y los políticos reformados” que se esperaban después de las elecciones, aunque también cuestionaba el tradicional reparto de puestos e instituciones por parte de los diputados, según su artículo de opinión del 17 de abril.

Por su parte, Ramón Villalta del ISD, promovía el voto en el exterior junto a los “Salvadoreños en el mundo” y la Procuraduría de Derechos Humanos.

La resaca electoral, quizás no permitía ver con claridad lo que estaba ocurriendo, o quizás el mismo patrón conductual que se venía practicando en el ámbito político desde mucho antes de los Acuerdos de Paz.

El caso es que a nadie le importaba mucho el hecho que se tenía que sustituir a cinco magistrados en la Corte Suprema de Justicia y que era posible que la misma Asamblea que ya había electo magistrados, lo hiciera nuevamente en la misma legislatura.

El 20 de abril, el diputado pecenista Elizardo González Lovo sorprendía con un nuevo nombre para Fiscal: “Garrid Safie no genera anticuerpos en el PCN; y la Fiscalía es cuota de ARENA”, afirmó.
Las iniciativas para reformar la Constitución se fueron rezagando: separar atribuciones del TSE, ampliación de períodos para diputados y alcaldes; y la posibilidad de realizar referéndum. ARENA, PDC y PCN, ya no las consideraron oportunas.

El 21 de abril fue el punto de quiebre en esta transición, cambiaron las prioridades y los pronósticos en cuanto a la elección de Fiscal.

En la plenaria del jueves 20 de abril, los préstamos se mandaron a archivo, no se aprobó la Ley de Protección a Víctimas y Testigos, ni la Ley Orgánica de la FGR, que estaban en agenda desde el regreso de las vacaciones.

En esa plenaria la decisión principal fue tomada por ARENA, PDC, PCN y parte del G-13 que eligieron a Félix Garrid Safie como Fiscal General de la República, a pesar del cuestionamiento del FMLN de si era el perfil idóneo para ese cargo.

Nadie discutió en este momento si esta elección era inconstitucional o no.

Es más, dos editoriales alabaron la elección y no mencionaron nada sobre el procedimiento, a pesar de que faltaban pocos días para finalizar la legislatura.

Rodolfo Chang Peña en su artículo de opinión del 21 de abril presentaba otras interrogantes más sensibles extrasensorialmente como ¿Es dañina la influencia del reggaetón? (EDH, 21/04/2006).

El G-13, conformado por disidentes del FMLN y diputados del CD, empezaba a jugar un papel fundamental y determinante en las elecciones de 2º grado y se iba convirtiendo en la manzana de la discordia entre la bancada de izquierda.

Pero el protagonismo de este grupo también iba a jugar un papel fundamental en la repentina urgencia de elegir a cinco magistrados que nadie estaba preocupado por elegir y que a nadie le interesaba cuestionar, pero que fueron finalmente nombrados antes de finalizar dicha legislatura.

Hasta el 16 de abril de 2006, Romeo Barahona, actual Fiscal de la República  y en esos momentos Fiscal Adjunto en funciones, era quien se perfilaba como titular. Sin embargo, Barahona no contaba con el apoyo del G-13 (formado FDR, CD y PPSC).

Como la Fiscalía era una parcela de ARENA, tanto el PCN como el G-13 esperaban por la propuesta del partido de gobierno para votar, que podría se Barahona, Belisario Artiga, Fiscal saliente, o Ástor Escalante, en ese entonces, Vice Ministro de Seguridad Ciudadana.

Finalmente, se eligió a Félix Garried Safie como nuevo Fiscal General de la República, luego que al mediodía del 20 de abril, ARENA lograra convencer a algunos diputados del G-13, entre los que se contaban Jorge Villacorta y Héctor Dada.

Según la nota del 21 de abril de EDH sobre la elección de Safie como Fiscal, los diputados del G-13 que dieron sus votos, lo hicieron a cambio de que se cumplieran algunas peticiones hechas al gobierno de Saca.

La elección de este funcionario no generó mayor revuelo entre la masa crítica de la sociedad y los editoriales seguían volando por otros rumbos, como la indignación de doña Evangelina del Pilar de Sol al definir como “Testamentos y Estupideces” la transmisión de un documental sobre el Evangelio según Judas Iscariote transmitido por el canal National Geographic en pleno domingo de Ramos.

Por su lado, Juan Héctor Vidal seguía preocupado por los resultados de las elecciones e instaba a cambios profundos del sistema político en su artículo de opinión “Reforma electoral y Democracia”.

El único comentario crítico desde la sociedad civil que logramos registrar en esa oportunidad provino del abogado y catedrático Henry Campos (ex Viceministro de Justicia y Seguridad Pública del gobierno de Funes), que expresó en LPG el 28 de abril de 2006: “La reciente elección del Fiscal General ha exhibido nuevamente que tales procesos están saturados de intereses particulares o político partidarios (…). Algunos responsables de la elección no tienen vergüenza para reconocerlo y otros prefieren mentir contra la evidencia”.

Resuelto el tema del Fiscal, quedaban 10 días para terminar el período legislativo y la elección de magistrados no se veía clara al final de la legislatura 2003-2006.

Hasta cuatro días antes de finalizar la legislatura, se empezó a calentar el tema de la elección de 5 magistrados de la CSJ. Dado que estos funcionarios debían asumir su cargo hasta julio de 2006 y considerando que dicha legislatura ya había elegido magistrados, nadie criticó este hecho, tomando en cuenta los abundantes comentarios que existen actualmente en una coyuntura similar.

Héctor Dada, diputado del CD, el 27 de abril todavía aseguraba en EDH, que “rechazamos (el CDU) la elección de la CSJ a base de sistemas de cuotas en esta y para la próxima legislatura”.
No obstante, ese mismo día, Silvia Guillén pedía al congreso, en un artículo de LPG, devolver la lista propuesta por el CNJ “a fin de que excluyan a las personas vinculadas directa o indirectamente con los partidos políticos”.

FUSADES señalaba en un plan quinquenal dado a conocer en esos días, que “la elección de magistrados se había politizado de forma indebida e inconveniente”, no obstante no advertían que se estuviera violentando el Estado de derecho o incumpliendo la Constitución.

Pero hubo un hecho que pudo haber determinado la negociación para elegir a los 5 magistrados: el grupo parlamentario G-13 prácticamente desaparecía en la siguiente legislatura.
En este contexto, la Corte Suprema de Justicia emite el 29 de abril una resolución que vuelve a la vida al PCN, PDC y CDU, desaparecidos en las elecciones presidenciales de 2004 por no haber alcanzado el 3% de votos requeridos.

En ese momento se aprobaba además la Ley de Ética Gubernamental, sin que hubiera mayor discusión tanto pública como parlamentaria, al respecto de la misma y sin que este debate fuera demandado por organizaciones de la sociedad civil.

Finalmente, por 60 votos y con la oposición del FMLN, se eligieron como magistrados a Rosa María Fortín, Roxana Núñez, Loly Claros de Ayala, Miguel Trejo y Mario Valdivieso el domingo 30 de julio a las 5 de la madrugada.

En ese momento, solo Gerson Martínez argumentaba la ilegalidad con la literalidad de la Constitución, que exige elegir un tercio de la CSJ cada “tres años”, y la última elección de este tipo había sido el 19 de junio de 2003.

Por su lado, Héctor Dada Hirezi, miembro del entonces CDU contestaba a Martínez: “cuando la Constitución habla de renovar, habla de cuando los cargos toman posesión, no de cuando son electos.”

Dada en ese entonces, acusó al Frente de criticar porque se “está quedando fuera de lo que pretendían se diera como un reparto de cargos por cuotas partidarias.”

El diputado de ARENA, Rolando Alvarenga también respondía al FMLN “es lamentable este tipo de actitudes, no es sano ni bueno para la democracia tratar de obstaculizar”.

Una vez electos los tan ansiados magistrados, un primer editorial del Centro de Estudios Jurídicos en tono jubiloso exclamaba “Un triunfo del decoro y la decencia” para elogiar a los funcionarios recién electos.

La elección de cinco magistrados que en principio no era prioritaria, terminó siendo la cereza en el pastel para la legislatura que el uno de mayo asumía funciones con una decisión ya tomada y en medio del silencio, con honrosas excepciones, de organizaciones civiles y empresariales que hoy se manifiestan indignadas.

Entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 2006, no hubo un solo pronunciamiento que criticara o calificara la elección de magistrados como un atentado a la constitucionalidad, como una violación al Estado de Derecho o como una pérdida de institucionalidad.

Ninguna ONG, tanque de pensamiento, universidad, iglesia, organismo internacional, gremial empresarial o de profesionales, ni ningún magistrado retirado, intentó persuadir a la población sobre lo que había sucedido en la última sesión plenaria de la Asamblea. Tampoco se publicaron campos pagados sentando postura al respecto.

Sin embargo, se escucharon algunas críticas, como la del jefe de bancada del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, quién afirmó “no nos sentimos satisfechos que esta elección se haya hecho con el mecanismo de la dispensa de trámite. No compartimos las valoraciones que se han hecho porque de por medio hay una votación popular que se ha ignorado”.

El 1 de mayo, el editorial de LPG se limitó a hacer una sutil crítica por elegir a los magistrados en el “último minuto”, pero la forma de elección no fue percibida en el artículo como un problema para el funcionamiento democrático de las instituciones.

El miércoles 3 de mayo, René Fortín Magaña y Ulises del Dios Guzmán, deslegitimaron la elección de los 5 magistrados de la CSJ recién electos, señalando que a quién correspondía elegir era a la nueva Asamblea Legislativa.

Guzmán agregó que “si se quería construir una democracia (…) eso no puede ser si se excluye a una de las fuerzas políticas importantes del país (FMLN), que en este caso es equivalente a la otra (ARENA)”.

El Instituto Iberoamericano Constitucional alzó la voz declarando la elección de los magistrados como ilegítima en su editorial publicado en Diario El Mundo ese mismo día. Según el Instituto “los hechos en dicha elección negaban la existencia de un régimen democrático y un Estado de Derecho”.

El viernes 5 de mayo ya nadie recordaba la elección de magistrados, pero Henry Campos planteaba en su columna de opinión que “era difícil imaginarse que la elección (…) no implicara una repartición de cuotas de poder cuando los que determinaron los votos para dicha elección ya no tendrían cabida en el escenario legislativo”.

Y continuaba analizando: “El llamado G-13… han sostenido que la elección se hizo sin cuotas partidarias”, no obstante Campos hacia ver que aunque los partidos no tienen representantes en la Corte, no dejaron de haber candidatos preferidos por determinados partidos.

El FDR salía al paso de las críticas sobre una negociación de cuotas a cambio de sus votos. Sin embargo, días después Carlos Rivas Zamora, del FDR, asumió una plaza de gerente en la Corte Suprema de Justicia.

Por otra parte, hubo pocos que defendieron la elección de magistrados, entre ellos Luis Mario Rodriguez, Secretario Jurídico de la Presidencia, quien en su columna de opinión de EDH, se congratuló por la elección. “En buena hora por la transparencia y la honestidad en el manejo de la cosa pública” afirmó.

Y agregaba “no se puede criticar cuando los partidos, que juntos alcanzan las mayorías establecidas en la Constitución, acuerdan la adopción de medidas en base a su sano entender, favorecen a los intereses de los ciudadanos y sobre todo al fortalecimiento de la institucionalidad del país”.

Mientras tanto, la mayor parte de los actores, como los que se citan en la segunda entrega de este artículo, ignoraban el hecho y se dedicaban a la discusión de temas de menor relevancia.

La única demanda legal que se produjo en esa coyuntura fue la del abogado Calixto Zelaya Díaz ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ, para impugnar y declarar ilegal la elección de magistrados. Dicha demanda fue declarada inadmisible por considerar que no estaba dentro de sus competencias resolver en este caso.

La vida política después de este hecho siguió su curso y volvió a tropezar con la misma piedra seis años después, pero en la actualidad los mismos actores sociales y políticos, salvo excepciones, parecen tener distintas apreciaciones.