Jaime Edwin Martínez Ventura
Abogado y Director General de la ANSP

En una sociedad que vive con la efervescencia de la actividad y del activismo político, tanto de las instituciones de gobierno como de los partidos políticos, de los grupos de presión y de diferentes formas de organización popular, pero cuya democracia y Estado de Derecho, así como sus saberes científicos se encuentran todavía en ciernes, e incluso posiblemente en sociedades más desarrolladas, puede ocurrir que algunos conceptos de mucha relevancia para el desarrollo económico, social, cultural y político, de tanto ser usados terminen, como las monedas de curso legal: desgastados, devaluados o falseados. Es lo que ocurre sin lugar a dudas con los conceptos de democracia, soberanía y Estado de Derecho y es lo que, según creo, ocurre en El Salvador con la noción de Políticas Públicas.
En nuestro país el concepto Políticas Públicas se ha puesto de moda aproximadamente en los últimos 20 años. Por una parte esto es positivo porque, antes de estos años, es decir, en las épocas de las dictaduras y de la guerra civil que vivimos, era imposible hablar de este concepto, propio de las sociedades democráticas o de aquellas que viven procesos de transición hacia la democracia y hacia el Estado Constitucional de Derecho. Pero, por otra parte, este uso cada vez más común y corriente del concepto es perjudicial porque, en la práctica, se le llama política pública a un programa, proyecto, plan o conjunto de acciones, por el solo hecho de ser formuladas y ejecutadas por instituciones de gobierno y, con suerte, estar además contenidas en un documento. Francamente yo siempre he creído que una política pública debe ser algo más que lo antes indicado.
Por ejemplo, en uno de mis artículos periodísticos más recientes, expuse:
“La amplitud, expansión y complejidad del fenómeno pandilleril requiere que todo el aparato estatal esté  especialmente orientado a contrarrestarlo, pero no con el habitual enfoque asistencialista que impregna a muchos de los programas que hasta ahora se han realizado, si no con una visión de políticas públicas entendidas como decisiones y acciones de gobierno para la gestión de grandes necesidades, demandas o derechos de la población, como salud, alimentación, vivienda, educación, trabajo, cultura, recreación y otras. Políticas que deben estar basadas en procesos democráticos de información y planificación, orientadas al logro de objetivos y metas mediante el uso racional y eficiente de los recursos. Esta concepción básica debe tenerse en cuenta para saber diferenciar una política pública de un mero programa o proyecto que se caracterizan por ser fragmentarios, dispersos, precarios y de poco alcance”2 .
Para mí, una de las características esenciales y diferenciadoras, quizá la más importante de todas, entre una verdadera política pública y cualquier otro plan, programa, proyecto o decisión gubernamental, es la significativa participación democrática en la toma de decisiones en todas las etapas constitutivas de una política pública, es decir, siguiendo a Portney3 , en el Ciclo de las Políticas Públicas, como son la Formulación del Problema; la Formulación de la Política; la Adopción de la Política; la Implementación; y la Evaluación, fases que no necesariamente siguen un orden lineal, sino que pueden retroalimentarse unas a otras, por lo que más bien deben concebirse de manera cíclica o circular.4 
Considero que la participación democrática en la toma de decisiones, es fundamental en todas las esferas de las políticas públicas, sean éstas de salud, educación, economía, trabajo, ecología u otra área gubernamental; pero quiero referirme a la importancia crucial que tiene dicha participación en las políticas públicas de justicia y seguridad, por ser las áreas en las que me he desempeñado durante varios años.
Recordemos que las políticas públicas son “un conjunto articulado, complejo y coherente de ideas, asunciones, justificaciones, fines, objetivos, recursos, herramientas, disposiciones legales y/o pronunciamientos, que se conciben y adoptan bajo el apoyo o tutela de al menos una entidad pública, para el logro de fines considerados valiosos”5 , es decir son asuntos propios de la gestión pública, la cual “a diferencia de la privada, ha de expresar unos valores que no son solo instrumentales, sino también políticos. Es decir, no se ha de limitar a buscar la mejor manera de hacer las cosas, sino que ha de actuar para reconciliar una gran diversidad de intereses sociales antagónicos”6 .

 1 Artículo basado en el ensayo Políticas Públicas y el Proceso de Toma de decisiones. Nuevas formas de formular políticas de justicia y seguridad pública, elaborado por el autor como parte de las tareas evaluadas del Diplomado en Gerencia Pública, Justicia y Seguridad, impartido por el Instituto Ortega y Gasset de España, a través de la Escuela de Capacitación Judicial, del Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador, a mandos superiores y mandos medios de las instituciones del área de Justicia y Seguridad Pública, con auspicios de la cooperación española, 2012.
 2 V. Martínez Ventura, Jaime. Maras y pandillas: problema y solución complejos. 23/04/12. http://elmundo.com.sv/maras-y-pandillas-problema-y-solucion-complejos.
3 Portney, KE (1995). Approaching public policy anlysis: an introduction to policy and program research (2nd.  Ed.), citado por Cruz – Rubio, César Nicandro. Políticas Públicas: una caja de herramientas. Conferencia impartida en la III Cátedra Internacional “Políticas Públicas y Control Fiscal”. Fundación Ortega y Gasset. Colombia, Contraloría General de la República. Tolima, Colombia. Trabajo resumido y preparado para publicación (Versión febrero 2012), p. 9
4 Cf. Cruz – Rubio, César Nicandro, op. cit, p. 11
 5 V. Cruz – Rubio, César Nicandro, op. cit, p. 6
6 Modelos Teóricos para la Práctica de la Evaluación de Programas. In Q. Brugué & J. Subirats (Eds.), Lecturas de Gestión Pública. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública. Boletín Oficial del Estado , pág. 15.