Geovany Molina
Redacción Diario Co Latino

La Concertación Feminista Prudencia Ayala (CFPA) exige a los parlamentarios aprobar el dictamen favorable para desaforar al diputado de GANA, Rodrigo Samayoa, acusado de los delitos de lesiones, amenazas y violencia en perjuicio de su esposa, Mireya Lissette de Samayoa.
El dictamen debió abordarse en la plenaria del pasado jueves, pero no fue así, ya que la atención fue acaparada por el fallo de la Corte Centroamericana de Justicia, respecto al enfrentamiento entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia.
Las féminas se mostraron preocupadas por la pasividad con la que se está tratando el tema, pues consideran que los parlamentarios están intentando retrasar el procedimiento para que sea parte de negociaciones políticas dentro de la Asamblea.
En este caso, los y las diputadas nombraron una comisión especial de antejuicio para determinar si Samayoa debía responder a la justicia sin la figura del fuero. Como resultado del estudio de esta comisión se firmó el dictamen que avala el desafuero del parlamentario, quien deberá responder ante los tribunales por el delito.
Sigfrido Reyes, Presidente de la Asamblea Legislativa al respecto, dijo que la Junta Directiva decidió posponer la sesión para dar un tiempo prudencial al nuevo abogado del diputado de GANA, y conozca a profundidad los fallos y etapa del proceso en el que se encuentra el caso.
América Rumualdo, de la CFPA, dijo que no es preciso dar largas al asunto, si ya hay un dictamen de la comisión y que esta acción pone en evidencia que el tema de la violencia contra las mujeres no es una prioridad para los políticos.
Rumualdo pidió que este privilegio que tienen los diputados (el derecho a antejuicio) no se convierta en un derecho a la impunidad, por lo cual exigió a los diputados y diputadas “cumplir con su juramento de hacer cumplir la Constitución sometiéndose al debido proceso y a la justicia salvadoreña y al respeto de los derechos humanos de las mujeres”, concluyó.
Las miembras del colectivo feminista declinaron opinar sobre el caso del Magistrado Rodolfo González, pues adujeron que aún ese caso está en estudio y que pronto fijarán posición sobre ello, lo que si dejaron claro es que todo aquel funcionario que haya cometido delitos de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, debe ser sancionado, tal como lo exige la Ley Especial Integral para una vida libre de Violencia para las mujeres.