Leonor Cárdenas
Redacción Diario Co Latino

Luego de 17 reuniones desarrolladas en la Casa de Gobierno y más de 80 horas de diálogo y negociación, bajo los auspicios del Presidente de la República, Mauricio Funes, los dirigentes políticos con representación en la Asamblea Legislativa acordaron nombrar a José Salomón Padilla como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en sustitución del presidente electo Ovidio Bonilla, poniendo fin al conflicto de poder que desde hace varias semanas protagonizaron el Órgano Judicial y el Legislativo.
En conferencia de prensa desarrollada minutos antes de las 12 de la media noche, es decir, primeros minutos de este lunes, el Presidente de la República, Mauricio Funes informó a los periodistas de los diferentes medios de comunicación que también pernoctaban en la casa de Gobierno, que los líderes políticos firmaron un acuerdo político integral para superar el conflicto entre la Asamblea Legislativa y la CSJ.
“No cabe duda que la instalación de una mesa de negociación es el mecanismo más eficaz para resolver las diferencias y para encontrar los entendimientos necesarios que permitan una labor de trabajo armoniosa entre los diferentes Órganos del Estado”, manifestó el Presidente Funes, quien procedió a la lectura del acuerdo final tomado y firmado por los dirigentes de los seis partidos políticos que integraron la mesa de diálogo y negociación.
El primero de los acuerdos, según el Jefe de Estado, estipula que la Asamblea Legislativa procederá a realizar una votación nominal y pública como magistrados propietarios y suplentes de la CSJ para finalizar el período 2006/2015, a Rosa María Fortín Huezo, Evelyn Roxana Núñez Franco, Lolly Claros de Ayala, Miguel Alberto Trejos Escobar y Mario Francisco Valdivieso Castaneda; como magistrados propietarios.
Como magistrados suplentes a Ricardo Alberto Zamora Pérez, Rhina Elizabeth Ramos González y German Arnoldo Álvarez Cáceres.
El segundo acuerdo establece que la Asamblea Legislativa procederá a la votación nominal y pública como magistrados propietarios y suplentes de la CSJ, para el período 2012/2021, nombrado magistrados propietarios a los abogados Ovidio Bonilla Flores, José Salomón Padilla, Doris Luz Rivas Galindo, José Roberto Argueta Manzano y Elsy Dueñas de Avilés. Y como suplentes serán designados José María Méndez Mariona, Ricardo Alberto Iglesias Herrera, Sergio Luis Rivera Márquez, Juan Manuel Bolaños Sandoval y Ricardo Antonio Mena Guerra.
En el tercero de los acuerdos los dirigentes políticos establecen que la Asamblea Legislativa procedará a la votación nominal y pública como magistrado suplente de la CSJ, en la Sala de lo Constitucional, en sustitución del magistrado Ovidio Bonilla Flores, para que continué el período que finalizará el 15 de julio del año 2018, al abogado Carlos Sergio Avilés Velásquez.
Asimismo, los dirigentes partidarios acordaron proceder a la votación nominal y pública en la Asamblea Legislativa para nombrar al abogado José Salomón Padilla para integrar la Sala de lo Constitucional para el período 2012/2021. A fin de que la Sala de lo Constitucional de la CSJ quede integrada por los magistrados José Salomón Padilla, Florentín Meléndez Padilla, Edward Sidney Blanco, José Belarmino Jaime y Rodolfo Ernesto González Bonilla.
Otro de los acuerdos es que los legislativos procederán a la votación nominal y pública en el Órgano Legislativo para nombrar al abogado José Salomón Padilla como presidente de la Sala de lo Constitucional y presidente de la CSJ y del órgano Judicial, para el período 2012/2015.
El último de los acuerdos, según el acta firmada por Alfredo Cristiani, en representación del partido ARENA; Norma Guevara, por el FMLN; José Andrés Rovira, por GANA; José Tomás Chévez, por CD; Manuel Alfonso Rodríguez, por el CN y Rodolfo Parker, por el PES. Es que la Asamblea Legislativa, como parte de sus atribuciones abra un proceso de discusión que estimule un profundo debate alrededor de los límites  de los distintos órganos de gobierno en el ejercicio de sus respectivas funciones, donde participen representantes de los distintos sectores de la sociedad salvadoreña y que los resultados del mismo sean tomados como insumos para el fortalecimiento de la institucionalidad del país.
Dichos acuerdos, aseguró el Presidente Funes, serán concretados por el Órgano Legislativo, en una sesión plenaria, la cual, se desarrollará el día de mañana, en la Asamblea Legislativa. 
Durante este proceso de diálogo propiciado por el Presidente Funes, varios representantes de la autodenominada Aliados por la Democracia, criticaron la mesa de diálogo, e incluso, calificaron de “payasada” el esfuerzo presidencial.
Otros intentaron descalificar al mandatario, tras afirmar que estaba a favor de una de las partes.
Para el Presidente Funes, las voces que se oponían al diálogo, incluido el matutino Diario El Mundo, no buscaban otra cosa más que entorpecer la solución por la vía del diálogo.
Y es que en el camino quedó descartada la vía jurídica, pese a que, al final se votará nuevamente tal como lo ordenaban las resoluciones de la Sala de la Constitucional de la CSJ, pero, también en la parte, es una mera ratificación de los magistrados y magistrados de 2006 y 2012.
La diferencia en 2012 es en la Presidencia del Órgano Judicial, pues, a partir de este acuerdo, Ovidio Bonilla deja de ser Presidente Electo de la CSJ, pero continuará siendo magistrado propietario.
En este conflicto también se vio involucrada la Corte Centroamericana de Justicia, cuya resolución fue a favor de la Asamblea Legislativa, pero, ante la imposibilidad de que esa salida también jurídica resolviera el problema, los partidos optaron por la salida política, con la mediación del Presidente Funes.
También hubo voces de senadores y congresistas de los Estados Unidos. Unas muy sensatas, respaldando el diálogo promovido por el Presidente Funes, y otras amenazando con poner fin al programa FOMILENIO II, que aún no ha comenzado. En este último aspecto tuvo que ver ARENA y la ANEP, pues hicieron lobby en los Estados Unidos en esa dirección. Así, los que se oponían a la “ingerencia” de la Corte Centroamericana de Justicia, pedía la “ingerencia” de los Estados unidos.