Leonor Cárdenas
Redacción Diario Co Latino

Como un plan organizado por ARENA para desestabilizar al Gobierno de la República, es calificado el conflicto de poder que desde hace varias semanas enfrenta el Órgano Legislativo y Judicial, según lo manifestó Benito Lara, Diputado del partido político FMLN.
Durante la Tribuna Legislativa que se desarrolla todos los viernes en el plaza General Gerardo Barrios, San Salvador, el funcionario explicó, a la población las razones que la derecha tiene para mantener en crisis de poder al sistema judicial salvadoreño.
Según el Diputado Lara, uno de los intereses del partido ARENA es mantener el poder judicial a través de la presidencia de la CSJ.
“No hay duda, ARENA en este momento está reclamando una cuota de poder. ARENA debe tener claro de que el país ha cambiado, el país no es el mismo; ya que el actual Gobierno pese a las diversas situaciones que enfrenta está tratando de trabajar en función de la democracia y la justicia social en beneficio de la gran mayoría”, enfatizó Lara.
Asimismo, aclaró, que la sentencia emitida hace algunos días por la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), la cual fue a favor de la Asamblea Legislativa, es de obligatorio cumplimiento. Dicha  sentencia, aseguró, deja sin efecto las emitidas por la Sala de lo Constitución; lo cual significa que sí hay Sala, hay Corte. 
“La sentencia es de obligatorio acatamiento por el Estado salvadoreño”, aclaró Lara, quien además aseguró que el Órgano Legislativo tiene dos tipos de salida: “una es la sentencia de la CCJ, la cual nos da la razón jurídica; pese a ello, nosotros también estamos de acuerdo en buscar una salida política y es por eso que estamos en las conversaciones en Casa Presidencia”.
Lara aseguró que de no llegar a un acuerdo político integral entre los seis partidos con representación en la Asamblea Legislativa, como el que se está negociando en la mesa de diálogo y negociación coordinada por el Presidente de la República, Mauricio Funes, la sentencia de la CCJ deberá acatarse.
“Los mismos estatutos establecen que los estados están en la obligación de acatar las sentencias de la CCJ. Asimismo, la misma Corte establece que si algún Estado no quiere acatar alguna de las sentencias, en el conjunto de la integración Centroamericana de estos países se buscarían las medidas para hacerla efectiva”, aclaró el legislativo.