Patricia Meza
Josué Parada
Redacción Diario Co Latino

Impresionado por haber observado algunas osamentas de la masacre de 1932, en Izalco, departamento de Sonsonate, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya,  recomendó al Estado Salvadoreño impulsar  acciones concretas,  orientadas a reparar el daño ocasionado en el pasado y que aún se mantiene.
En su visita a El Salvador, donde se reunió con comunidades indígenas de Sonsonate, Morazán, Cuscatlán, entre otras, Anaya caminó sobre el terreno donde yacen algunos de los restos humanos que no lograron enterrarse en fosas comunes, durante la masacre de 1932, que  dejó a más de 30 mil muertos y las secuelas de la marginación y el despojo de la identidad indígena.
“He visto que todas las partes coinciden que los pueblos indígenas en El Salvador han sufrido en el pasado serias violaciones a los derechos humanos y que el efecto de éstas violaciones continúa manifestándose en combinación con condiciones generalizadas de desventaja en el presente”, señaló el relator,  que proviene de la raza Apache y Purepecha, y quien reside en Arizona, Estados Unidos.
La masacre del 32 es una herida que aún  no ha sanado y marca una política de opresión hacía los pueblos indígenas, el terror causado por esa matanza siguió viviendo en la memoria colectiva de los pueblos indígenas junto a décadas de marginación y la negación de los pueblos, de su lengua y de las otras manifestaciones de su cultura, dijo.
Y la masacre de la Hojas, en San Antonio del Monte, en Sonsonate, ocurrida en 1973 hizo recordar la masacre del 32 y revictimizó a los indígenas que asumieron nuevamente, que pertenecer a estos pueblos era un delito.
 “Esa pérdida abrió una herida que sigue aún sin sanar, una herida que se representa con las expresiones populares de que en El Salvador ya no existen pueblos indígenas, sin embargo, los mismos pueblos indígenas han hecho sentir su sobrevivencia en el país”, agregó.
El relator, de 53 años, señaló  que él ha luchado por los derechos de los indígenas toda la vida” y que tomará en cuenta la decisión del gobierno de reconocer a los pueblos indígenas, así como el avance que se ha tenido en considerar sus derechos.
Esto se reafirma con la reciente aprobación de la reforma a la Constitución de la República, en sus artículos 62 y 63 que se refieren  a respetar, preservar y difundir las lenguas autóctonas y también las riqueza artística, histórica y arqueológica del país como parte del tesoro cultural salvadoreño. Esta reforma aún está pendiente de ratificar la Asamblea Legislativa.
Anaya consideró también  que se debe avanzar en la ratificación del convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, porque esto serviría de complemento para la ejecución de la enmienda constitucional y la protección de los derechos de los pueblos indígenas en el país.
El Estado debe impulsar acciones que se orienten al rescate de las manifestaciones culturales como la lengua, las tradiciones ancestrales y su incorporación en los sistemas de protección social como salud, educación, asistencia socioeconómica, programas productivos, tenencia de tierras, empleo y justicia, este último principalmente para las mujeres que sufren actos de violencia, señaló.
Anaya afirmó que le consta que no hay protección adecuada de los lugares sagrados y que ratificar el  convenio 169 de la OIT daría protección a la tenencia de la tierra indígena.
El ve bien que el Estado haya pedido perdón por el exterminio que han sufrido los pueblos indígenas a través de la historia. Y porque el Estado declaró el país como una sociedad multiétnica y pluricultural.
Además, afirma que es lamentable que los pueblos indígenas, no solo de El Salvador, sino del mundo entero, sean vistos como mercancías en sus manifestaciones culturales. Hacen falta mayores protecciones en este aspecto y mejorar la organización de los pueblos originarios.
Durante las próximas semanas el Relator, que llegó al país el martes pasado con el objetivo de conocer la situación de los pueblos originarios de El Salvador, estará realizando con la información obtenida, durante las visitas, un informe que evaluará la situación de Derechos Humanos de los pueblos indígena en El Salvador, y en esta incluirá las recomendaciones antes señaladas y otras.
El informe será público e incluirá informaciones al respecto, este se presentará en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones  Unidas, a principios del 2013.
El relator espera que el informe contribuya a buscar soluciones por parte del gobierno para estos pueblos y soluciones a los desafíos que enfrentan.
En esta visita ha logrado conocer los avances y desafíos de los derechos de los indígena principalmente de los pueblos Nahuas, Pipiles, Kakawiras y Lencas.
Sobre las acciones a corto plazo, el relator manifestó que es necesario proteger los territorios sagrados. Y que es justo que los pueblos salgan de la invisibilización, así como fortalecer la institucionalidad del Estado, en cuanto a su capacidad de resolver las necesidades de estos pueblos.
Al finalizar sus observaciones el relator se refirió a la declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en el 2007, por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el voto de El Salvador y  la mayoría de países del mundo.
“Esta declaración, que consagra una serie de derechos de los pueblos indígenas basados en la libre determinación e igualdad, reafirma la necesidad del Estado Salvadoreño de tomar acciones para reparar el daño sufrido por los pueblos indígenas a lo largo de su historia, y debe ser acatada en la elaboración e implementación de todas las acciones orientadas a ese fin”.