Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

Con cinco votos a favor, los magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), decidieron a favor de la Asamblea Legislativa en el conflicto interórganos a raíz de una resolución de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional salvadoreña en contra de los magistrados de las generaciones de la Cortes Suprema de Justicia 2006 y 2012.
La decisión la tomaron según se informó de forma extraoficial, los magistrados luego de celebrar la audiencia oral y pública el pasado sábado en la cual se escucharon los alegatos de la parte demandada y al demandante.
Además, el lunes se desarrolló una sesión de Corte Plena donde los magistrados tendrían que debatir el caso, luego de conocer los alegatos de las partes y la propuesta que tendría que exponer el magistrado Francisco Darío Lobo Lara, para solventar la crisis.
La sesión duró cerca de dos días, según informaron fuentes extraoficiales de la CCJ, y fue hasta ayer que con cinco votos se decidió resolver a favor de la demanda de la Asamblea Legislativa.
Se espera que la CCJ notifique a las partes de su decisión a más tardas el viernes de esta semana.
Uno de los representantes legales de la Asamblea Legislativa, Mauricio Clará, dijo que la resolución de la CCJ debe de acatarse, si no los países que conforman e integran este ente regional deben de tomar las medidas necesarias para ejercer presión en el Estado Salvadoreño para que se cumpla.
Sin embargo, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez, dijo que no acataran ninguna resolución emitida por la CCJ, porque invade “competencias” de la Sala Constitucional indebidamente y “no tiene competencias” en materia Constitucional, sino en materia de integración y comunitario.

Fiscal investiga a Bonilla por asistir a audiencia de CCJ
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga si se constituyó un delito o no, al presentarse el magistrado Ovidio Bonilla como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en una audiencia especial celebrada el fin de semana en la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).
El fiscal general, Romeo Barahona, explicó ayer, luego de asistir a una actividad de la Embajada de los Estados Unidos, que el ente tiene varios avisos de supuestas irregularidades cometidas por el magistrado y una denuncia puntual en general interpuesta por el magistrado de la Sala de lo Constitucional Florentín Meléndez.
En el caso de la participación de Bonilla en la CCJ, la fiscalía ha pedido documentación e información de su participación para sumarla al proceso de investigación.
Mientras que el caso de la denuncia puntual de parte de Meléndez, por haber irrumpido supuestamente de forma violenta las instalaciones de la CSJ, al abrir las oficinas con un cerrajero el pasado 16 de julio, Barahona aseguró que en este momento se siguen las investigaciones para tener los elementos y establecer algún tipo de delito.
Incluso, el martes, un equipo de fiscales de la unidad anticorrupción y agentes de la PNC, realizaron nuevas diligencias en el edificio de la CSJ.
“Estamos haciendo todos los actos de investigación, haciendo inspecciones, entrevistas de testigo y documental para fundamentar cualquier tipo de proceso”, que se pueda abrir explicó.
“Todo ello lo estamos investigando”, sentenció el fiscal. Los delitos que podrían constituirse van desde prevaricato, usurpación de funciones y daños, pero mientras el proceso de investigación no termine, no se puede adelantar que figura se constituirá y contra quienes.
El titular de la Fiscalía del ente sigue sosteniendo que los magistrados electos en abril pasado son inconstitucionales, como lo dijo en su sentencia la Sala de lo Constitucional, el pasado 5 de junio.
Asimismo, argumentó que de ser reelegido Ovidio Bonilla como magistrado, teniendo procesos abiertos, deberá ser la Asamblea Legislativa la que defina si lo nombran como funcionario o no.
“Esas valoraciones las tendría que hacer la Asamblea Legislativa cuando vaya a tomar esa decisión”, reiteró.