Gabriela Castellón Fajardo
Redacción Diario Co Latino

El partido FMLN negó ayer la supuesta afiliación de Ovidio Bonilla, como se dio a conocer en un periódico matutino. Si bien el partido de izquierda aceptó que el abogado participó hace tres años como candidato a concejal en San Miguel, este no se encuentra en el padrón interno de afiliados al partido.
José Luis Merino, secretario de organización del FMLN, insistió en que se ha tergiversado la información, y explicó que los procesos de elección de aspirantes a cargos públicos, dentro del partido, también involucra tomar en cuenta a personas que no necesariamente estén afiliadas a dicho instituto político.
Merino aseguró que se hizo una búsqueda “de todos los Bonilla afiliados al partido”, pero el nombre no aparece. “Hay interés de cuatro personas por desprestigiar al Presidente de la Corte Suprema de Justicia nombrado por la Asamblea Legislativa, y van a usar cualquier artimaña, entre ellas esta que estamos hoy desmintiendo y denunciando”, señaló. 
Asimismo, hizo un llamado a los medios de comunicación para que no permitan que les “sorprendan”, pues él asegura que se trata de un intento de “desestabilizar el proceso de diálogo que se lleva a cabo en Casa Presidencial”.
Los efemelenistas, además, trajeron a cuenta el hecho de que, en ocasiones anteriores, han estado en la presidencia de la CSJ o en magistraturas personas relacionadas a otros partidos políticos; como es el caso de René Hernández Valiente y Mauricio Gutiérrez Castro. “Nunca fue eso un impedimento”, dijo.

Cinco expedientes en FGR contra Bonilla
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene actualmente cinco expedientes de investigación abiertos, según lo informó el Fiscal General, Romeo Barahona. Asimismo, señaló que varios de estos “pueden ser constitutivos de delito”.
Los procesos se abrieron a raíz de que el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, Florentín Meléndez los solicitara, luego de que se registraran “anomalías” el pasado 15 de julio, cuando se cambiaron las cerraduras de las puestas de la presidencia de la Corte y de la Corte Plena; a esto se le unieron denuncias de civiles y de la organización Aliados por la Democracia, encabezados por la ANEP.
Barahona aseguró que las investigaciones continúan su curso y, de confirmarse el cometimiento de un delito, se seguirán los procesos judiciales correspondientes. “Toda persona que cometa un hecho que pueda ser constitutivo de delito está sujeta a las consecuencias”, sentenció.