José M. Tojeira
Los salvadoreños estamos tan habituados a vivir en crisis que incluso tendemos a considerar que no estamos en crisis. Sin embargo, todos los indicadores nos dicen que vivimos en permanente crisis. Crisis de una economía que no despunta, que favorece terriblemente la desigualdad, que mantiene en situación de pobreza real a un alto porcentaje de la población salvadoreña. Crisis social, con dos factores que destacan enormemente: La violencia y la corrupción. Crisis institucional, hoy patente en la desobediencia de la Asamblea Legislativa a la Sala de lo Constitucional, pero que es mucho más profunda y extendida si vemos el funcionamiento de las instituciones responsables de las redes de protección social que el Estado debe brindar a la ciudadanía. Un amigo que trabaja en el Hospital Zacamil me decía que las dos frases más repetidas entre médicos y enfermeras eran “no hay” y “ahorita vuelvo”. La oferta de aulas para educación secundaria es del todo insuficiente en el país.
Por otra parte se trata de una crisis de larga data. Con fechas que se remontan bastante más atrás de los 20 años de ARENA. Una crisis desatendida durante demasiado tiempo, que generó una guerra civil de once años y que ha ido mostrando sus efectos en la grave carencia de cohesión social. La migración en las proporciones en las que la sufrimos (una cuarta parte de los salvadoreños viviendo fuera de su propio país), es signo claro del malestar que experimenta una gran proporción de nuestros compatriotas ante la falta local de oportunidades. La violencia responde también a la crisis. Y no es fácil que disminuya, tanto por la profundidad de los problemas económicos y sociales como por el miedo y la falta de confianza en las instituciones. El actual Gobierno ha emprendido con mayor empeño que los anteriores una serie de medidas para paliar los efectos de la crisis. Pero la propia realidad del país nos dice que son insuficientes y que no tienen el ritmo adecuado para genera un cambio real. Frente al problema de la violencia han tenido efectos más positivos las decisiones tomadas por la dirigencia de las maras que la actividad profesional de los cuerpos de contención y persecución del delito.
Un joven economista, Werner Peña, publicaba recientemente en “Rebelión” un artículo desmontando la famosa equiparación neoliberal de la economía familiar con las economías nacionales. Recordaba que abunda la afirmación de que así como cuando en una familia hay exceso de endeudamiento (o crisis económica) se recortan gastos y se aprieta el cinturón, así dicen los neoliberales que se debe hacer a nivel nacional. Este economista salvadoreño refutaba con claridad esta tendencia a asimilar lo micro con lo macro. Y es que además, en una familia que se precie de serlo, cuando la crisis económica se ceba en ella, lo último que se recorta son los beneficios de los más débiles: la educación, la salud y el alimento de los niños. Y quienes más se sacrifican suelen ser los más fuertes; los padres, los hermanos mayores, los adultos en general. Los neoliberales, al contrario, como estamos viendo en algunos países de Europa, comienzan recortando los beneficios de los pobres mientras sus millonarios se siguen enriqueciendo. Y lo mismo predican los fanáticos del partido republicano norteamericano (léase “tea party”), con sus proyectos de privatizar los servicios sociales estadounidenses. Y por supuesto, algo parecido suelen graznar los parlanchines representantes de ANEP en El Salvador.
Nuestro Arzobispo, Mons. Escobar, ha pedido repetidamente a los partidos políticos que depongan sus intereses partidarios para buscar una pronta salida al conflicto, y a las consecuencias del mismo, que la Asamblea ha protagonizado contra la Sala de lo Constitucional. Y es que estamos empleando demasiado tiempo en dividirnos, cuando la crisis económico-social que nos aflige necesita de soluciones que unan a la mayoría de la población. Mientras el mundo sufre una crisis que indudablemente repercutirá en nuestra débil economía, mientras se prepara otra crisis mundial de alimentos, que sin duda golpeará más a los más pobres de nuestra tierra, pero también a nuestras clases medias, nosotros seguimos empeñados en prolongar una crisis que desde el principio hubiera tenido una solución fácil.
Urge superar la crisis institucional y enfrentar otros temas con una mentalidad diferente. La crisis actual tiene ya una connotación preelectoral, y la tendrá todavía más fuerte en la medida en que pase el tiempo sin encontrar una solución digna y se inicie esta próxima y larga campaña electoral anticipada que será sin duda amarga. Mientras lo que el país necesita son soluciones acuerpadas por la mayoría, las campañas electorales tienden a dividirnos. Si queremos salir de la crisis gruesa, la crisis de este país nuestro, tan querido pero tan violento, desigual e injustamente subdesarrollado, debemos empezar a construir acuerdos nacionales en los campos de la educación, la salud, la vivienda social, el sistema de pensiones y el sistema tributario. Acuerdos que puedan enfrentar un ritmo de desarrollo más acelerado y con mejores posibilidades de futuro. Sin estos acuerdos la división continuará en El Salvador. Desaprovecharemos el bono poblacional, la capacidad de nuestra gente, la bondad de la mayoría de los salvadoreños, para sumirnos en la perpetuación de un presente miserable. Tal vez sin guerra, pero con otras plagas que seguirán trayendo desgracia y dolor a nuestro pueblo.
