Redacción Diario Co Latino

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA),  Manuel Escalante, afirmó esta mañana que las reuniones entre los dirigentes de partidos políticos, con la mediación del Presidente Funes, resolverán el problema político que está a la base del conflicto entre Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia.
“La institucionalidad se ha visto muy dañada, entonces que se busque ahora en Casa Presidencial la solución, me parece que viene a resolver lo que se motivó en un inicio, que fue el problema político”,  manifestó Escalante en la Entrevista Agenda de Nación que transmiten Canal 10 y Radio Nacional.
Añadió que esto siempre fue un problema político y se inició dentro de la Asamblea Legislativa, en la medida que en el 2006 no se le permitió al FMLN participar en la elección de los magistrados y en el 2012 no se le permite a ARENA participar en esa elección.
“Ahora se viene a corregir eso, pero lastimosamente los costos que estamos viviendo son muy altos, la institucionalidad y la confianza en los tribunales, principalmente  la Sala de lo Constitucional se ha visto cuestionada”, señaló el catedrático.
Para Escalante, el problema ni siquiera tuvo que haberse planteado jurídicamente, porque lo que motivó toda esta situación y lo que ha motivado el desgaste de la Sala de lo Constitucional son las demandas que se interpusieron en su momento.
Añadió que si bien es cierto que los ciudadanos tiene el derecho de presentar las demandas cuando se considere que haya habido una vulneración a la Constitución, también es cierto que  como ciudadano  se debe saber las implicaciones en las que puede introducir al país o las consecuencias que puede generar dentro de los distintos órganos del Estado. El docente explicó que La Sala de lo Constitucional es un instrumento al servicio de la población principalmente para controlar el poder político. “Lo que sucede es que el  poder político no solamente se puede controlar desde la Sala de lo Constitucional, sino también se puede hacer desde otras perspectivas, como por ejemplo, reformando la propia Constitución”, afirmó Escalante.
El profesional aclaró que lo que la Constitución manda es a renovar el tercio de magistrados en la CSJ, lo cual se cumplió en las elecciones de 2006 y 2012, y que no es cierto que la Constitución le prohíba a la Asamblea elegir como lo ha hecho en los dos periodos objetos de inconstitucionalidad por parte de la Sala de lo Constitucional.