Editorial ARPAS

La Asamblea Legislativa fue ayer el escenario de dos acciones relevantes para la sostenibilidad ambiental y la transparencia del sistema partidario.

La primera acción es la iniciativa de los ministerios de Economía y de Medioambiente de proponer un decreto para suspender las licencias de exploración y explotación minera metálica. Este decreto, en la práctica, constituiría una moratoria a las actividades extractivas.
La propuesta es buena, en tanto impedirá momentáneamente la extracción de metales del subsuelo nacional y confirma la inviabilidad socioambiental de la explotación minera que las comunidades de Cabañas y las organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica vienen planteando desde hace más de cinco años. A esta postura también se adhirieron algunas universidades y hasta la Conferencia Episcopal de El Salvador.

Las actividades mineras en el país, aún sin haber llegado a la fase de explotación, secaron fuentes de agua y causaron conflictividad en las comunidades, conflictividad que dejó el saldo mortal de tres ambientalistas anti mineros y dos personas supuestamente vinculadas a las empresas mineras. Las comunidades de Cabañas siempre han denunciado a la empresa canadiense Pacific Rim como una de las causantes de dicha conflictividad.

Por todo esto, enhorabuena la moción gubernamental de plantear la prohibición temporal de la minería de metales. Sin embargo, es criticable que el Ejecutivo no haya planteado una prohibición definitiva, a pesar de que está suficientemente demostrado que esta industria es inviable en el país debido a la pequeñez territorial, a la sobrepoblación y a la grave situación de los recursos hídricos.

Por tal razón es totalmente válida la postura de las organizaciones ambientalistas que cuestionan la propuesta del Ejecutivo, postura que respaldamos desde este espacio editorial porque _como hemos dicho en varias ocasiones_ las posibilidades de continuidad de la vida en el país pasan por prohibir definitivamente la minería metálica.

Y la segunda acción relevante es la iniciativa de aprobar una ley de partidos políticos que fiscalice el financiamiento de los partidos, regule la propaganda electoral y garantice el acceso equitativo a los medios de comunicación para los partidos y candidatos.

Esta propuesta, presentada por el grupo parlamentario del gobernante FMLN, coincide con la que han elaborado la UCA, FUNDAUNGO y FLACSO. Ambas iniciativas son importantes insumos para la elaboración de una normativa que ayudaría a transparentar el sistema de partidos políticos y contribuiría a profundizar la democracia.

Actualmente _por falta de esta ley_ es difícil conocer la procedencia y uso de los fondos de los partidos, es difícil prohibir la propaganda sucia y es igualmente difícil que los partidos tengan posibilidades equitativas de acceso a los medios de comunicación masiva. Por eso, al final, terminan imponiéndose quienes más dinero obtienen para su campaña y quienes más propaganda logran colocar en los medios difusivos.

Por eso, la población debe presionar a la Asamblea Legislativa para que apruebe una ley que transparentice y democratice el sistema de partidos políticos. Y, de igual forma, debe presionar para que se prohíba definitivamente de la minería metálica.