Geovany Molina
Redacción Diario Co Latino

El Movimiento Nacional Contra Proyectos de Muerte en El Salvador (M.N.C.P.M.) expresó su preocupación por la forma en que la empresa ASTALDI, encargada de la construcción de la Represa El Chaparral, fue beneficiada con el cierre de ese contrato. La empresa recibió $108,5 millones.
Las comunidades afectadas con la construcción de la represa demandan una “exahustiva investigación”  en lo que consideran “un monumento a la corrupción” , y piden que se investigue la actuación de la CEL, Presidencia de la República y la Corte de Cuentas.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) avaló la extinción mutua del contrato, y recomendó a CEL apegarse al artículo 95 de la LACAP, el cual reza que “Las partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento… sin mas responsabilidad que la que corresponda en su caso, a la ejecución de la obra realizada… ”
La misiva de CCR dice “después de analizar la solicitud de CEL (de terminar el contrato) se establece que CEL y ASTALDI han consensuado una estrategia de solución de diferencias existentes, que consiste en extinguir el contrato por mutuo acuerdo que entre otros aspectos conlleva a pagar al contratista la suma de US$108,500.000.00”
Desde que se conoció de la construcción de la represa El Chaparral, organizaciones ambientalistas y miembros de las comunidades que serían afectadas con la represa, señalaron que el proyecto era innecesario y que ponía en riesgo los derechos de los habitantes de la zona, además que los gastos serían mayores que los beneficios de esta. La construcción de la represa se adjudicó a ASTALDI y se inició en 2008, siendo presidente de la República, Elías Antonio Saca, por un costo total de $219 millones de dólares.
El contrato firmado por CEL y la empresa encargada es un contrato llave en mano, una figura de la ley LACAP, bajo la cual pone un rígido conjunto de reglas para respetar el diseño y el costo establecido por el Gobierno.
Luego del acuerdo entre las partes contratantes, el proyecto fue suspendido, pero el Gobierno no solo aceptó pagar a la empresa  por la obra inconclusa, sino además le otorgó a ASTALDI más de $23 millones de dólares como bonificación, sin justificación alguna, pues no solamente la obra esta inconclusa, sino también representa un peligro para los habitantes de las comunidades, pues con las primeras lluvias de este año se dañó parte de la obra, lo cual podría generar deslizamientos trayendo fatales consecuencias.
Para la construcción de esta obra se necesitaron fondos, de los cuales, $163 millones se obtuvieron como préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el resto sería aportado por el estado salvadoreño.
Se esperaba que la obra estuviese terminada en 2013, pero a raíz de las fuertes lluvias en 2010 de la tormenta Agatha, se ocasionaron daños en la infraestructura, y desde esa fecha se han detectado movimientos geológicos en parte de la obra lo que preocupa grandemente a los habitantes de la zona.
En la Carta que la CCR enviara al presidente de CEL, habla de la contratación de otra empresa para que hiciera estudios científicos en cuanto a la obra del Chaparral, los resultados arrojaron que la obra tiene viabilidad si se dan nuevos aspectos técnicos e implementación de nuevas técnicas de construcción adecuadas, lo que implicaría mas gasto al estado salvadoreño.
Pero la empresa de capital italiano, aún con estas iregularidades en la construcción del Chaparral, ha sido beneficiada con la adjudicación de otros proyectos, como la construcción de un tramo de la carretera Panamericana en la zona de Los Chorros.