México/AFP

Los gobiernos de América priorizan los intereses económicos a los derechos de los pueblos indígenas e incumplen con su obligación de consultarles sobre los proyectos que afectan a sus tierras ancestrales, denunció el jueves la ONG de defensa de derechos humanos Amnistía Internacional.

"Gobiernos de toda América dan mayor importancia a intereses económicos que a la supervivencia física y cultural de miles de indígenas" al incumplir con "su obligación de consultar con los pueblos indígenas en relación con proyectos de desarrollo (...) que se llevan a cabo en sus tierras ancestrales o en las proximidades", indicó la organización en un comunicado difundido en México.

El adjunto de investigación de Amnistía sobre derechos económicos, sociales y culturales, Mariano Machain, advirtió que "los grandes proyectos pueden tener un importante impacto negativo sobre las comunidades indígenas".

Dichos planes "sólo deben seguir adelante si esas comunidades han otorgado expresamente su consentimiento libre, previo e informado", de lo contrario generan "un clima de mala fe, desconfianza y polarización que puede desembocar en malestar social y conflictos", agregó.

AI puso como ejemplo las concesiones mineras en la región de Wikrikuta, en el norte de México, donde la etnia wixárika lleva a cabo peregrinaciones y ceremonias tradicionales, o el proyecto petrolífero en tierras ancestrales de la comunidad indígena ecuatoriana de Sarayaku.

Este último caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que decretó que Ecuador tiene la obligación de consultar de buena fe a la comunidad y llegar a un acuerdo antes de seguir adelante con el proyecto, lo cual, celebró Amnistía, "sienta un precedente jurídico para otros países de América".

La ONG también criticó que "gobiernos de países de todo el continente americano se han abstenido de controlar la actuación de las industrias extractivas, aunque afecte a comunidades locales".

En este sentido subrayó la explotación de una mina en el departamento guatemalteco de San Marcos por parte de la firma canadiense Goldcorp en una zona donde viven al menos 18 comunidades mayas que han denunciado aspectos como la contaminación generada por el yacimiento o el hostigamiento a los críticos.