San Salvador/AFP

El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, aseguró la noche del miércoles que la decisión de una sala de la Corte de Justicia de Honduras, de dejar en libertad al empresario de transporte José Natividad Pereira, frustró la posibilidad de que enfrentara la justicia.
«Se le puso en libertad (a Pereira) porque la defensa presentó un recurso de habeas corpus a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras y esta sala en forma exprés resolvió el recurso y lo puso en libertad y, entonces, una importante captura que había realizado la fuerza de seguridad pública hondureña sencillamente se ve frustrada», indicó Funes.
Un juzgado civil de Tegucigalpa dejó en libertad este miércoles a Pereira, detenido el martes tras una orden de captura internacional emitida por Interpol en 2004 por tráfico de personas y drogas. También el juzgado de Choluteca, ubicada 130 km al sur de Tegucigalpa, había pedido su captura desde 1998.
«¿Qué significa esto? Que hay que tener muy en cuenta a quiénes eligen como magistrados para evitar que estos fallos no gocen de la independencia de criterios necesaria que se requiere para que el sistema de administración de justicia funcione en forma óptima», remarcó el presidente.
El mandatario ofreció sus declaraciones en una corta rueda de prensa en la Casa Presidencial, al término de una nueva sesión de diálogo con líderes políticos que se inició el pasado 24 de julio, para definir a 10 magistrados (cinco titulares y sus respectivos suplentes) de la Corte Suprema para el período 2012-2021.
El Salvador vive una crisis institucional que paraliza su sistema de justicia a raíz de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia objeta el nombramiento de diez magistrados del máximo ente judicial.
La Sala alega que el Congreso hizo el nombramiento de estos magistrados de manera ilegal, pues interpreta que una misma legislatura no puede hacer dos nombramientos de magistrados y que ésta era la situación en la que fueron elegidos los jueces objetados. Los partidos políticos salvadoreños con representación legislativa decidieron volver a elegirlos.
Según la versión policial, el transportista Pereira estaba acusado de tráfico de personas tanto en Honduras como en Estados Unidos y en aquél país se le acusaba también de blanqueo de capitales y tráfico de cocaína. En El Salvador las autoridades vinculan a Pereira con una banda dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero y que operaba hasta hace un par de años en la zona oriental del país.