México/AFP
La izquierda mexicana amplió el jueves sus denuncias sobre el uso de dinero de origen ilícito en la campaña que llevó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a ganar la presidencia de México e implicó a dos bancos de capital extranjero, el Scotiabank y el BBVA-Bancomer.
"Está demostrado que el PRI y (su candidato Enrique) Peña Nieto utilizaron millones de pesos, ríos de dinero para comprar la presidencia", dijo en conferencia de prensa este jueves el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador, segundo en los comicios del 1 de julio según el resultado oficial.
Su jefe de campaña, Ricardo Monreal, señaló que a la impugnación ya presentada contra el resultado de los comicios ante el tribunal electoral, también se sumará la formulación de una denuncia penal contra los responsables de la campaña del PRI.
"Vamos a presentar una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (fiscalía) por probables delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero", aseguró.
Según Monreal, la izquierda ha sumado nuevas pruebas de que a través de cuentas en el Scotiabank (de capital canadiense) y Bancomer (filial del español BBVA) se utilizó una cuenta del gobierno del estado de México para triangular dineros públicos, e incluso ilícitos, y destinarlos a la campaña de Peña Nieto.
El candidato del PRI fue gobernador del estado de México hasta 2011.
Monreal acusó a Luis Videgaray, coordinador de la campaña priísta, de haber manejado una cuenta abierta con dinero del gobierno estatal que se utilizó para la campaña.
"No hay ninguna justificación para que un ciudadano (particular), y menos un coordinador de capaña, maneje recursos públicos de un gobierno estatal, ese es un asunto muy delicado" señaló Monreal.
López Obrador obtuvo el 31,6% de los votos, unos 3,3 millones menos que Peña Nieto (38,2%), en las elecciones. El Tribunal Electoral tiene hasta el 6 de septiembre para pronunciarse sobre la validez de los comicios y promulgar oficialmente al ganador, que asumirá en diciembre para el periodo 2012-2018.
La coalición de izquierda impugnó las elecciones y pidió declararlas inválidas alegando que el PRI compró cinco millones de votos con tarjetas de una cadena de supermercados, violó el tope de gastos electorales y se benefició de una cobertura sesgada a su favor por parte de los medios.



