Gabriela Castellón Fajardo
Redacción Diario Co Latino

La bancada legislativa del FMLN presentó ayer una pieza de correspondencia, ante la Asamblea Legislativa, para solicitar la destitución del magistrado Rodolfo González por haber omitido información durante el proceso de selección para la magistratura de 2009, sobre una condena por violencia familiar “de tipo psicológico”.

Los efemelenistas sostienen que González no debe estar ocupando su cargo como magistrado de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pues no cumple con uno de los requisitos establecidos para dicho cargo, como es el caso de mostrar honorabilidad y moralidad.

Lourdes Palacios, diputada efemelenista e integrante de la junta directiva de la Asamblea, aseguró que la petición está basada “en la falta que el abogado González incurrió, él nunca dijo, durante el proceso en que se sometió para ser elegido, que tuvo un proceso por violencia intrafamiliar, y eso constituye un elemento que le inhabilita para ejercer el cargo que actualmente desempeña”.

En 2004, el magistrado fue denunciado por los cargos de violencia intrafamiliar contra su exesposa. En aquel momento, la jueza Segunda del Juzgado Segundo de Familia le ordenó al abogado “abstenerse de hostigar, perseguir, intimidar, amenazar o realizar otras formas de maltrato en contra de su ex cónyuge”.

Según la denuncia interpuesta por la víctima, González llegó a su casa a insultarle y a realizar diversas agresiones verbales y psicológicas, por las que solicitó medidas de protección. Posteriormente, el magistrado se comprometió a no volver incurrir en los mismos hechos denunciados, así como “asistir a la terapia psicológica” que les sería remitida por dicho juzgado. El hecho judicial del funcionario salió a la luz, producto del trabajo de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que analiza la “legalidad” de dos magistrados de la Sala (Belarmino Jaime y Rodolfo González), así como de una suplente (María Luz Regalado).

La pieza efemelenista argumenta que el acusado ocultó dicha información “deliberadamente”. Asimismo, hace referencia a que “la violencia contra la mujer, es decir, cualquier acción basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como el privado (Art. 8 de la Ley Especial Integral de una Vida Libre de Violencia para las Mujeres) no puede ser tolerada por el Estado ni por sus instituciones”.

Además, se menciona el artículo 55 de la Ley de la Carrera Judicial, que señala como causante de remoción de un juez o magistrado “ejercer el cargo no obstante carecer de los requisitos legales para su desempeño”. Para Palacios, González no cumple con los requisitos con los que debe contar una persona que desempeñe dicho cargo, por lo que se debe proceder a emplear el artículo referido. La Comisión Especial aún continúa su labor. A la fecha, una de las conclusiones es que los decretos que le dieron vida a los magistrados de 2009 podrían ser “inexistentes”, pues los diputados los aprobaron a pesar de contar con una medida cautelar, impuesta por la Sala de aquel entonces, que ordenaba detener el proceso de elección.

La pieza con la petición de la destitución del magistrado será conocida por el pleno legislativo al regreso de las vacaciones agostinas y, posteriormente, pasará a la comisión de trabajo respectiva, donde se tomará una decisión.