Redacción Diario Co Latino
La Comisión Nacional de Bioética de El Salvador (CNBES) realizó un foro de discusión sobre la legislación nacional en torno a la interrupción del embarazo por causa médica en El Salvador y las implicaciones de la penalización absoluta del embarazo.
Este evento se desarrolló el pasado jueves 19 de julio de 2012, en el Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán.
En el foro se presentaron datos vinculados a la problemática y se contó con la participación de funcionarios de gobierno, especialistas en el ámbito médico-científico y jurídico.
Los participantes fueron Sofía Villalta, directora de la Unidad de Atención Integral e Integrada a la Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud; Roberto Sánchez Ochoa, director del Hospital Nacional de Maternidad y miembro de la Asociación Salvadoreña de Ginecología y Obstetricia; y Raquel Caballero, Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia.
Todos los participantes fueron escogidos tomando en cuenta su amplio conocimiento de las políticas sobre salud sexual y reproductiva, la práctica clínica diaria de los ginecólogos y obstetras del principal centro de salud especializado del país, y la protección y defensa de los derechos humanos de la mujer y la familia.
El foro permitió que se estableciera un diálogo abierto con los invitados de 14 organizaciones e instituciones públicas y privadas (organizaciones no gubernamentales, universidades) vinculadas directamente con la problemática, y algunos especialistas reconocidos por su trayectoria profesional.
Uno de los acuerdos al final de la actividad fue convocar a una segunda jornada de diálogo, la cual se llevará a cabo el jueves 9 de agosto de 2012, en las instalaciones de FEPADE, a las 4 de la tarde. Se espera la participación de los mismos ponentes.
Esta convocatoria tenía como fin buscar aproximaciones y acuerdos que conduzcan al establecimiento de marcos jurídicos y políticas públicas, que favorezcan el desarrollo humano y contribuyan a la construcción de un Estado comprometido con la justicia social y que garantice los derechos humanos fundamentales de la población salvadoreña, según la CNBES.
