Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y un abogado privado presentarán ante la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) una demanda, para pedir medidas cautelares para el reo William Alberto Pérez Jerez, quien padece de “Síndrome de devic” y al cual los tribunales han negado otorgarle libertad condicional, a pesar de la gravedad de su enfermedad.
Pérez Jerez fue condenado a 30 años de cárcel por el delito de secuestro, por el cual ha purgado una pena de once, en ese proceso de encierro desarrolló la enfermedad que deriva en discapacidad (parapléjico) y ceguera parcial.
Dennis Muñoz, abogado del reo, explicó ayer, en rueda de prensa, que presentó una demanda para que se le otorgara libertad condicional anticipada al reo al Juzgado Primero de Vigilancia y Ejecución de la Pena de San Salvador, sin embargo, este juzgado declaró inaplicable la petición.
Muñoz explicó que el juzgado basó su resolución aduciendo que el reo tiene 44 años y para otorgar este beneficio el requisito es tener 60 años.
El abogado incluso apeló ante la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador, quien al final reafirmó la resolución del juzgado.
Ante la negativa de otorgarle el beneficio, se ha decidido acudir a la CIDH para pedir que este ente de derechos humanos intervenga en este caso.
Lo que se busca es que se le protejan sus derechos humanos y lo principal que se cumpla el principio de legalidad en El Salvador.
“Que significa eso, que va desde que se cumpla la ley, en el artículo 80 de ley penitenciaria habla de centros especiales cuando existen internos que requieren de la atención de salud, como el caso, y en el país no existe ningún centro especial”, advierte.
Según la información, Pérez Jerez tiene incluso problemas para trasladarse para recibir la atención médica necesaria, desde el Centro Penal la Esperanza, donde guarda prisión, hasta el hospital Rosales, donde recibe su tratamiento por esta enfermedad, que es el segundo caso a escala nacional. Abraham Ábrego, subdirector de FESPAD, aseguró que en este caso es claro que existe una vulneración a los derechos humanos.
“Nosotros creemos que el sistema penitenciario debería actuar humanamente y en el sentido de ser una enfermedad terminal garantizar que la persona pueda salir en libertad, pero lo que se ha hecho hasta hoy es infructuoso”, dijo el subdirector de FESPAD.
En este caso también se presentó una solicitud de “indulto” ante la Asamblea Legislativa desde el mes de junio de 2010, misma que no ha sido resuelta hasta la fecha.
