Leonor Cárdenas
Redacción Diario Co Latino

Autoridades del Consejo Salvadoreño del Café (CSC), aseguran que las transferencias que se venían desarrollando desde hace 20 años a favor de PROCAFÉ, encierran un claro conflicto de intereses.

Ya es que según el CSC, las mismas gremiales que conforman la mitad del directorio de esta institución pública, también forman parte de la directiva de PROCAFÉ, las cuales se vuelven juez y parte al exigir la contratación de un ente que ellas mismas conforman.

Ana Escalante, Directora del CSC, aseguró que “cuando ellos exigen contratación directa puede existir un conflicto de intereses, ya que las gremiales UCAFE, ABECAFE, UCRAPROBEX y la Asociación Cafetalera, tienen representación tanto en la junta directiva de la fundación privada de PROCAFÉ como en el Directorio del CSC”.

Escalante aclaró que si se tratara de empresas o particulares, la contratación de PROCAFÉ no sería posible, ya que la LACAP prohíbe expresamente que se contrate cuando existen conflictos de intereses. Dicha ley no contempla explícitamente la figura de fundaciones, por lo cual hace posible legalmente la contratación, siempre y cuando se convoque a una licitación que estimule la transparencia y la competencia en el mercado de estos servicios.

“Es llamativo que las mismas gremiales que conforman PROCAFÉ, acordaran en el seno del directorio del CSC no contratar a la fundación privada, a pesar que en el mes de julio la Dirección Ejecutiva del Consejo, propuso hacer una contratación directa del servicio”, agregó Escalante.
La directora del CSC aseguró que las gremiales cafetaleras en el Consejo manifestaron, que ya no era urgente la contratación porque el trabajo en las fincas era mínimo y por lo tanto ya no era necesario contratarlos para los cinco meses que quedaban.

Con relación a la petición de PROCAFÉ, de que se le entreguen los fondos desde el mes de enero pasado, Manuel Cruz, Director de la Oficina para el Fortalecimiento del Control Interno de la Subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción, aclaró que laentrega de esos fondos podría constituir un delito.

“La CSC no puede por ley hacer un desembolso por una contratación que no ha realizado, ni puede firmar en la actualidad un contrato con carácter retroactivo dado que incumple los procesos que manda el artículo 40 y 41 de la LACAP”, explicó Cruz.

El artículo 15 del Código Tributario especifica que las contribuciones especiales no pertenecen a ningún privado, sino que tiene beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales.

Es importante aclarar que el conflicto de PROCAFÉ, también responde al descontento generado en algunos de los agremiados cafetaleros, quienes se oponen al proceso legal de licitación de su contratación, el cual no se realizó en los 20 años del gobierno de ARENA.

En la página informativa de Transparencia Activa se revela que PROCAFÉ había recibido del Estado más de $23 millones sin pasar por licitación, por lo que el directorio del CSC decidió en octubre 2011, lanzar una licitación, que fue declarada desierta debido a que cinco organizaciones que recogieron bases no presentaron finalmente ofertas. Mientras que PROCAFÉ, después de evaluar dos veces su oferta, fue descalificada por obtener sólo 13 puntos de los 30 mínimos para pasar la evaluación financiera.

Al no calificar PROCAFE deja de percibir recursos que recibía tradicionalmente, por lo que la fundación y las cuatro gremiales que la conforman (UCAFE, ABECAFE, UCRAPROBEX y la Asociación Cafetalera), han emitido fuertes críticas al CSC e iniciado un proceso de “lobby parlamentario para que se produzcan modificaciones a ley que habiliten el pago de la transferencia directa de la contribución de los cafetaleros a PROCAFÉ”.