Mauricio Funes, Presidente de la República, durante su discurso a los empresarios internacionales. Lo acompañan el Viceministro de Seguridad Douglas Moreno; el Ministro de Justicia y Seguridad David Munguía Payés y El Director de la PNC Francisco Salinas.
Leonor Cárdenas
Redacción Diario Co Latino
Como parte del consenso nacional impulsado por el gobierno para reducir los índices de violencia en el país, el Presidente de la República, Mauricio Funes, se reunió con un grupo de ejecutivos de alto nivel de empresas multinacionales con operaciones en El Salvador.
Dichos empresarios, según el mandatario, están interesados en apoyar el acuerdo nacional por la seguridad y el empleo que busca crear oportunidades para la juventud salvadoreña.
El Jefe de Estado aseguró que algunas empresas representadas en la reunión cuentan actualmente con políticas para incluir a sectores sociales vulnerables. Asimismo, les hizo un llamado para que estas iniciativas sean integradas con otros programas que impulsa el gobierno como parte de la estrategia para prevenir la violencia.
«Estas iniciativas quisiéramos que no fueran aisladas, sino que pudieran integrarse a una política global de prevención de la violencia que estamos elaborando. Sus empresas pueden ayudarnos a financiar los programas en marcha y otros que vayan a surgir de la tarea común que podamos construir», manifestó el mandatario.
Durante la reunión desarrollada en Casa Presidencial, el mandatario destacó que el número de homicidios se ha reducido de marzo a junio en un 52% y que otros delitos como el secuestro, las extorsiones y el robo de vehículos también han disminuido desde que se llevó a cabo el entendimiento entre las dos principales pandillas del país y la mayor efectividad de las autoridades en el combate del crimen.
El mandatario aseguró, que la Organización de Estados Americanos (OEA), será observadora y garante del proceso de pacificación, lo cual «significa un apoyo muy importante al proceso de acuerdo nacional que hemos puesto en marcha».
Asimismo, informó sobre los avances que han tenido los programas pilotos comprendidos en la propuesta para el acuerdo nacional por la seguridad y el empleo, que incluyen un proyecto de formación en protección civil para jóvenes en riesgo e iniciativas de inserción laboral y de cultura de paz.
A la reunión asistieron representantes del sector privado multinacional entre ellos: Focus Service, Txvia, Jumex, Asheboro Elastic, Cs Central America, Finotex, Garan, George C. Moore/Darlington Fabrics, Supertex El Salvador S.A. de C.V., Young One, Kimberly Clark, Decameron, Industrias La Constancia, Siemens, Amcor, Caisa, AES El Salvador, Arabela Logistics, Del Sur, Holcim, Telefónica, Banco Citi, Banco Agrícola, Evergreen Packaging, HSBC y Scotiabank.
Esta es la octava reunión que el mandatario sostiene con el objetivo de abordar el tema del acuerdo nacional por la seguridad y el empleo.
La etapa de consultas para la creación del acuerdo concluirá la próxima semana con la reunión entre el mandatario y las organizaciones de la sociedad civil, que darán paso a una segunda etapa en la que se
elaborará la propuesta del acuerdo nacional.
Controversia Asamblea Legislativa y CSJ
Durante el encuentro con los empresarios multinacionales, el Presidente dijo tener confianza en la madurez y voluntad de los
involucrados en el conflicto suscitado entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia (SCJ), para encontrar una pronta solución de carácter jurídico. Al mismo tiempo que rechazó las declaraciones hechas por la ANEP, referidas al papel que ha jugado el Gobierno en dicha problemática.
«Yo no puedo aceptar que se hable de que este es un gobierno golpista, que ha quebrantado la institucionalidad del país, cuando no existe ni una tan sola acción tomada por este gobierno que sea sinónimo de quebrantamiento de institucionalidad o de rompimiento del orden institucional. Como gobierno no hemos llevado a cabo ni una acción a favor de una corte o de otra corte», enfatizó el Presidente Funes.
El Jefe de Estado dijo lamentar la decisión adoptada por la ANEP, tras asegurar que en su opinión ha pasado el límite de lo tolerable en la medida en que de una forma inescrupulosa acusa al actual gobierno de golpista y de haber fraguado un golpe institucional al Órgano Judicial.
El mandatario dijo haberse ofrecido como mediador para hacer las gestiones necesarias ante la CSJ y sus magistrados, o ante la Asamblea Legislativa, a fin de encontrar puntos de entendimiento. Y aclaró que el Ejecutivo no participa en el conflicto, como lo han planteado «erróneamente» algunos sectores políticos y económicos del país.
Funes también criticó las declaraciones de la ANEP, con relación a las acusaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), de acuerpar a los sindicalistas del órgano judicial que ocuparon las instalaciones para facilitar la instalación de los magistrados elegidos en 2006 y 2012.
«La PNC se mantuvo expectante de lo que ocurrió ese día e instaló un cordón de seguridad con fines disuasivos para prevenir cualquier acto de violencia», aclaró el jefe del Gobierno. Al mismo tiempo que añadió que en los tres años de su mandato no se ha «intervenido en ninguna ocupación», sino es con orden judicial.
Reunión con Embajadora de los EE.UU
Respecto a la reunión sostenida con la embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, ayer, en la que se trató el conflicto de los órgano legislativo y judicial, el Presidente, dijo que hasta el momento el Departamento de Estado, que es la voz autorizada para expresar opinión y la posición del gobierno de Estados Unidos sobre el Asocio para el Crecimiento y sobre el FOMILENIO, no les ha comunicado que esté en riesgo.
El Presidente Funes anunció que ambos gobiernos están planificando para enero del próximo año un evento, en el marco del Asocio para el Crecimiento, que reunirá en El Salvador a grandes inversionistas internacionales.
Finalmente, el mandatario expresó, que tanto el Canciller de la República, Hugo Martínez, como el Secretario Técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, han sido enviados a Estados Unidos para explicar de primera mano al Departamento de Estado, la actitud que ha mantenido su administración ante dicho conflicto.



