Gabriela Castellón Fajardo
Redacción Diario Co Latino

La Comisión Especial que se encargaba de investigar la “legalidad” en la elección de dos magistrados propietarios (Belarmino Jaime y Rodolfo González) y  una suplente (María Luz Regalado), de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entregó ayer al pleno legislativo un informe preliminar en el que, entre las conclusiones, establece que los decretos que le dieron vida a dichas magistraturas “podrían ser inexistentes”. Según los legisladores encargados de la investigación, en aquel momento la Sala de lo Constitucional, de la CSJ, había recibido una demanda contra el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), en la que se establecía que los procesos de elección de la lista candidatos a enviar a la Asamblea Legislativa, para dichos cargos, fueron violando “los principios constitucionales de legalidad e igualdad”.

La Sala admitió la demanda y, con ello, se resolvió suspender “inmediata y provisionalmente los efectos del acto reclamado, medida cautelar que ha de detenerse en el sentido que la Asamblea Legislativa deberá de abstenerse de realizar la elección de los magistrados de la CSJ, para el período comprendido entre el 1 de junio del año 2009 y el 30 de junio del año 2018”.

Los diputados, sin embargo, decidieron obviar la medida cautelar y le dieron vida a las magistraturas para ese período, por medio de dos decretos que, ahora se concluye, “nunca nacieron a la vida jurídica”.

Funcionarios del CNJ expusieron en la Comisión Especial que los nombres incluidos en las listas, donde iban los de Jaime y González, así como el de Regalado, se introdujeron a pesar de las medidas cautelares impuestas por la Sala, en respuesta a presiones del Órgano Legislativo, luego de que les solicitaran sacar del listado algunos nombres, debido a que eran integrantes del Consejo.

En ese momento, el CNJ llevó el caso al Tribunal de Ética Gubernamental, el cual resolvió que la postulación no violentaba ningún principio ni norma ética. Los diputados, sin embargo, junto a organizaciones, mantuvieron la presión para que la nueva lista fuera enviada con prontitud y elegir a los magistrados.

El informe, cuya lectura duró poco más de una hora, no fue acompañado por el partido ARENA, por considerarlo un procedimiento poco serio y proveniente de “una comisión que persigue magistrados”.

La Comisión realizó varias reuniones, en las que dialogaron con los promotores de la investigación, que son el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ), así como con la Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia (UNAJUD). Además, entrevistaron a exfuncionarios del CNJ y recibieron todo tipo de información relacionada al tema.
A pesar de la entrega del informe, los diputados que integran la Comisión se abstuvieron de detallar cuál es el paso a seguir y qué medidas se tomarán. Sin embargo, la respuesta a ello podría estar en los próximos días.

FGR pide no se firmen
resoluciones
La Fiscalía General de la República (FGR), en voz del Fiscal General, Romeo Barahona, pidió a los magistrados, cuyo nombramiento fue declarado inconstitucional, que se abstengan de seguir firmando resoluciones, pues podrían cometer delitos. “Diría que las personas en la situación de ellos, no puedo llamarlos magistrados, que no estén firmando cosas que posteriormente pueden estar cometiendo delitos más graves”, señaló.
Barahona, además, se refirió a la toma de posesión el pasado lunes de la nueva CSJ, que es presidida por Ovidio Bonilla,  dijo no “reconocerla”, pues deben acatarse las sentencias de la Sala, tal y como lo establece la Constitución de la República.

Asimismo, dijo que existen investigaciones abiertas sobre los hechos ocurridos en la tema de posesión, y les recordó que, al haber sido declarados inconstitucionales, no tienen derecho al fuero ni “el privilegio Constitucional de un antejuicio”.

Gobernación augura problema en DO
Ernesto Zelayandía, ministro de Gobernación, dijo ayer que la crisis institucional, que involucra el trabajo de la Sala de lo Constitucional, podría generar problemas en las publicaciones del Diario Oficial (DO), pues es allí donde se publican todos los fallos que, posteriormente, se convierten en leyes.

El funcionario dijo que el director del Diario debe actuar con base a la Ley, y aseguró que no existen presiones de ningún tipo. Asimismo, dijo que era urgente que la situación se aclare y llegue a su fin, con el objetivo de que no existan problemas que pongan en duda la legalidad de las publicaciones.

“Lo más importante aquí es buscar una solución política a esta situación, un entendimiento”, sugirió.