Leonor Cárdenas
Redacción Diario Co Latino

La Directora Ejecutiva del Consejo Salvadoreño del Café, Ana Escalante, aclaró que el gobierno no está obligado a contratar a una fundación privada como la Fundación Salvadoreña de Investigaciones del Café (PROCAFÉ), con base en decretos legislativos, para brindar servicios a los caficultores. Así lo afirma, en el sitio web “Transparencia Activa”, de la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia.

Las declaraciones de la funcionaria hacen referencia a los señalamientos hechos por los representantes de PROCAFÉ, quienes asegura que el gobierno les adeuda medio millón de dólares, y por lo que amenazan despedirán a 190 empleados.

“El gobierno no está legalmente obligado a contratar a una fundación privada para brindar sus servicios a los caficultores, ni le corresponde la responsabilidad de sus finanzas”, manifestó Escalante.

Asimismo, aseguró que el problema que reclama PROCAFÉ se debe a que desde hace 20 años, el CSC la ha contratando de manera directa, sin evaluar los resultados financieros y técnicos de los servicios prestados. Acción que le ha hecho creer a las autoridades de PROCAFÉ que tienen derecho a dichos recursos públicos por mérito propio.

Como fruto de la sucesión de contrataciones directas, PROCAFÉ ha recibido de estado la cantidad de $23 millones 102 mil 878 con 50 desde el año 1992 al 2011.

Escalante aseguró que la entidad pública no está obligada a contratar a PROCAFÉ, ya que según el decreto constitutivo del Consejo, esta podrá realizar por sí, o mediante cualquier entidad privada, las actividades relacionadas con la investigación científica, transferencia de tecnología y la recopilación de estadísticas.

Además, aclaró, que en el caso de que el CSC decida proceder a la contratación de privados, esto debe hacerse, según dicta el artículo 2 de la LACAP, mediante licitación y evaluando los resultados financieros y técnicos de los servicios prestados.
Sin embargo, PROCAFE se ampara el en artículo 72 de la LACAP, argumentando que supuestamente es la única institución en el país que puede brindar los servicios a la caficultura.

Tal decisión, dijo Escalante, debe ser tomada por la parte contratante, la cual aseguró puede ser circunstancial, “pero que si se prorroga durante tanto tiempo, establece un monopolio privado en la provisión de un servicio que es estratégico para el país”.

En noviembre de 2011, el Directorio del Consejo, integrado por una representación igualitaria de organizaciones privadas cafetaleras e instituciones públicas, resolvió llamar a la primera licitación hecha desde el 1992, para adjudicar de manera más transparente la provisión de los servicios que la entidad brinda a los caficultores.

Escalante argumenta que en una nota del 3 de julio pasado, emitida por el Presidente de la Corte de Cuentas, Gregorio Sánchez Trejo, y dirigida al Diputado Orestes Ortez, Presidente de la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa, afirma que: “Esta Corte es de la opinión, de conformidad al criterio de nuestra dirección jurídica, que es legal que el CSC someta a concurso los servicios de asistencia técnica, mediante procesos de licitación, que revisten de publicidad, libre competencia, igualdad, ética, transparencia e imparcialidad las contrataciones del Estado por ser estos principio y valores regulados por el Art. 1 de la LACAP”.

Según el CSC, lo que sucedió es que en la primera licitación realizada en 20 años para brindar servicios a los caficultores, la oferta de PROCAFÉ fue considerada deficitaria en los indicadores financieros, por lo tanto la Comisión Especial de Alto Nivel declaró desierta la oferta de servicios.
Dicha licitación, en tanto resuelta y cerrada, puede ser solicitada y revisada por cualquier particular en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública que ha sido sancionada por el Presidente de la República, Mauricio Funes en mayo 2011.

Las autoridades de PROCAFÉ, aseguraron que de no lograr un acuerdo con el CSC, sobre la prestación de servicios técnicos, despedirán a 190 de sus 250 empleados, ya que aseguran que la falta de recursos económicos para financiar el desarrollo laboral de la misma imposibilitará las actividades de investigación científica y transferencia de tecnologías.

Raúl Armando Zaldaña, presidente de PROCAFÉ, dijo que la situación es preocupante, pues aseguró que son la única institución que provee asistencia a los productores de café en el país.

“Estamos pidiendo los fondos que por ley nos corresponden y como junta directiva exigimos que si no dan los fondos, hagan las devoluciones a los cafetaleros”, manifestó Zaldaña, quien agregó que los fondos con los que hasta la fecha ha operado la fundación provienen de la contribución especial de café, que equivale a $0.50 por cada quintal exportado.

PROCAFÉ  fue creado el 10 de octubre de 1990, como resultado de la aplicación de un programa estratégico de privatización del Instituto Salvadoreño para Investigaciones del Café (ISIC), impulsado por el Gobierno de El Salvador, y favorecida por los diferentes gobiernos de ARENA.
En ese entonces, la fundación asumió las funciones del ISIC, y trabajó como la única institución privada de investigación en el ramo agropecuario y forestal, financiada y administrada por los caficultores a través de los representantes de las cuatro gremiales cafetaleras del país: Unión de Cooperativas de El Salvador (UCAFES), Asociación Cafetalera de El Salvador, Unión de Cooperativas de la Reforma Agraria, Beneficiadores y Exportadores (UCRAPROBEX) y la Asociación de Productores, Beneficiadores y Exportadores de El Salvador (ABECAFE).

La fundación fue creada supuestamente con el objetivo de favorecer el desarrollo y el sostenimiento integral de la caficultura, mediante la investigación, transferencia y prestación de servicios tecnológicos especializados que facilitarían los conocimientos y su aplicación para preservar la calidad del grano, incrementar la productividad y rentabilidad de los sistemas de cultivo del cafeto con criterios de sostenibilidad y preservación del medio ambiente.

El área cafetalera de PROCAFÉ, consta de 229 mil 921 manzanas (161,000 hectáreas), que representan el 8% del territorio nacional, aglutinando alrededor de 24 mil productores y sus familias.