Beatriz Castillo
Miguel Vaquerano
Redacción Diario Co Latino

Miembros del Sindicato de los Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ ), pidieron hoy a la Corte de Cuentas investigue los gastos que ha ordenado “de manera ilegal” el magistrado Florentín Meléndez, desde que se declaró presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Según la petición escrita, la: “Corte de Cuentas debe realizar un examen especial de auditoría, para investigar los gastos que ha ordenado Meléndez, desde el pasado dieciséis del presente año”.
Incluso, se anexaron originales de publicaciones de un campo pagado publicado en La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, el pasado 17 de julio, firmados por Meléndez como presidente, cuando no le compete, dicen los sindicalistas.
Roswal Solórzano, secretario general de uno de los sindicatos de la CSJ, dijo que la demanda era interpuesta de carácter personal.
El sindicalista argumentó que Meléndez “ha estado erogando fondos” de la institución y que ante eso la institución debe fiscalizar.
“Entendemos que esos campos pagados se tiene  que pagar y los va  a pagar la institución, la  Corte Suprema de Justicia y eso es una prueba de lo que estamos hablando”, advirtió Solórzano.
El sindicalista dejó claro que el único Presidente es Ovidio Bonilla, que tomó posesión el pasado 15 de julio. Lo que buscan con esta demanda es que la Corte deje claro si el magistrado de la Sala de lo Constitucional “está autorizado para hacer uso de los fondos de la institución”.
“Hay una sola corte suprema de justicia que está sesionando con 10 magistrados y hay un grupo de magistrados disidentes que se reúnen para hablar”, expresó el líder sindical.
Asimismo, dijo que están muy atentos a cualquier otro movimiento ilegítimo que pueda hacer la Sala de lo Constitucional y los magistrados suplentes, sobre todo, en el pago de salarios del personal y de los mismos magistrados de la generación 2006 y 2012.

Conflicto por ingreso de prensa
Esta mañana se registró un nuevo conflicto entre los magistrados Florentín Meléndez y Ovidio Bonilla. Todo se originó por el ingreso de los medios de comunicación a la cuarta planta de la institución, avalados por Meléndez, cuando Bonilla había girado una orden para que la prensa ingrese pero con un “permiso”. “La prensa debe de tener libre acceso”, dijo Meléndez. Mientras que Bonilla dijo que no pueden avalar el ingreso de cualquier persona al palacio judicial.
“El ingreso de la prensa debe de ser ordenado y previamente autorizado por mi persona”, dijo Bonilla.
Incluso, denunció que el magistrado Meléndez se ha tomado la atribución de contratar personal de seguridad. “Hemos suspendido Corte plena porque tuvimos el conocimiento que por instrucciones de Florentín hay un buen número de agentes que quieren tomar una seguridad paralela”, dijo Bonilla.
Estas decisiones, para el magistrado electo en abril de 2012, pueden “poner en peligro” a sus colegas.
Mientras que la magistrada Lolly Claros, dijo que temen por ese personal de seguridad contratado, porque no están pasando los filtros y no son de “confianza” del grupo de magistrados 2006 y 2012.
El conflicto interno sigue, ya que los magistrados 2006 y 2012, amparados en el fallo de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que deja sin efecto la resolución de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional, siguen laborando en Sesión de Corte Plena que inició desde el lunes que asumió Bonilla.
Mientras que Florentín Meléndez sigue trabajando de forma separada con los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

Suplentes deben atender notificación de no llegar
Mario Valdivieso, magistrado de la generación 2006, explicó que la notificación para los magistrados suplentes de no atender el llamado del magistrado Florentín Meléndez para sesionar en una Corte Plena, debe se ser acatado.
Valdivieso argumentó que el llamamiento que hicieron los 10 magistrados de la generación 2006 y 2012, es para que los magistrados suplentes no tomen atribuciones que no le corresponden y que abandonen los despachos que corresponden a los magistrados electos en el 2012.
“Ellos no tienen porqué venir, a partir de la notificación. Ellos ya no podrían ingresar a partir de que se les notifique”, sentenció.
Asimismo, dejó claro que los magistrados de 2006 y 2012 no son parte del conflicto, ya que el conflicto está planteado con la Sala de lo Constitucional como parte del órgano y con la Asamblea Legislativa. Incluso, hizo hincapié en que los magistrados de 2006 no están en conflicto, nosotros estamos trabajando bajo el amparo de resoluciones que son legítimas como la de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y también los ampara la misma resolución de la Sala de lo Constitucional.