Washington/AFP

Senadores estadounidense presionaron al gobierno del presidente Barack Obama para que asuma un rol más protagónico para desactivar la crisis política desatada en El Salvador entre la Corte Suprema y el Congreso, incluso suspendiendo cierta ayuda a El Salvador.

«Urgimos al gobierno de Obama a trabajar con el más alto nivel del gobierno salvadoreño para lograr una pronta resolución de esta seria crisis constitucional», afirmaron en un comunicado conjunto el senador demócrata Robert Menéndez y el republicano Marco Rubio.

El enfrentamiento se originó cuando el Congreso hizo varios nombramientos de magistrados y del fiscal general, que no obstante fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia, pese a lo cual varios magistrados han asumido sus funciones.

El gobierno de Obama «debe dejar claro» a San Salvador que si no «se implementan rápidamente medidas para restaurar el orden constitucional y democrático» Estados Unidos «considerará una serie de medidas bilaterales».

Esas medidas podrían incluir la suspensión de un nuevo programa de la agencia Corporación Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) que está a estudio y el retiro de visas a personas «que participen en la perpetuación de este estado inconstitucional», dijeron los senadores.
También podría verse afectado la llamada Asociación para el Crecimiento suscrito en 2011, a través de la cual Estados Unidos coopera con El Salvador para ayudarlo en su desarrollo económico, indicaron los senadores, líderes de la subcomisión para América Latina del Senado.
Menéndez y Rubio acusaron al Congreso de «poner en riesgo los avances por los cuales los salvadoreños han luchado tan duro».

Según la Corte Suprema, la Constitución de El Salvador prohíbe que una misma legislatura elija magistrados en dos ocasiones durante sus tres años de funciones, y el Congreso, antes de elegir magistrados en abril pasado, ya lo había hecho en 2009.

Los congresistas elevaron el caso ante la Corte Centroamericana de Justicia, en Managua, la cual ordenó el 21 de junio a la Corte Suprema salvadoreña dejar sin efecto su resolución.

El gobierno de Obama admitió la semana pasada su preocupación por la crisis política, pero mostró su confianza en que sería resuelta.
«Es un serio problema que debe ser resuelto pero no tengo absolutamente ninguna duda acerca de la estabilidad del gobierno de (Mauricio) Funes y de la supervivencia de la democracia en El Salvador», dijo la responsable de la diplomacia para América Latina, Roberta Jacobson.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) también se declaró preocupada y pidió que la crisis sea resuelta con «pleno respeto» de la separación de los poderes.