Licda. Norma Guevara de Ramirios
A mitad de 2009 el partido Arena, en la voz de su dirigente el Ex Presidente Cristiani, para oponerse al gobierno del Presidente Funes, anunció pomposamente: “aquí va arder Troya”. Se imaginó la destrucción del país para imponerse como amo sobre sus despojos, tal es lo que nos enseña la historia sobre la forma en que aquella ciudad legendaria fue destruida y dominada después de que los invasores simularan un trato amistoso y pacífico a su gobernante para introducir la fuerza que desde dentro la destrozaría. Posiblemente la amenaza de Cristiani calculaba la incidencia en las estructuras del Estado, los poderes fácticos y su capacidad legislativa de bloquear decisiones de mayoría calificada. Pero el caballo preparado por el partido Arena fue tan sometido a un sobre esfuerzo que su propósito se revirtió; muchos diputados lo abandonaron, se negaron a jugar un papel desestabilizador contra el gobierno recién iniciado y se volcaron a organizar una nueva fuerza política.
Cuando el partido de la oligarquía recuperó fuerza en la elección de marzo 2012, los afanes desestabilizadores asomaron nuevamente, amenazaron el funcionamiento normal de diferentes instancias, arreciaron la crítica al gobierno y al FMLN.
Exigían que la Asamblea evitara asumir sus atribuciones legislativas y electivas, como se reflejó en las propuestas de reforma constitucional presentadas por ANEP; han negado sus votos para honrar compromisos adquiridos por sus funcionarios en el mandato de Francisco Flores y el Señor Daboub de pagar anticipadamente 800 millones de dólares, deuda contratada con cláusula de pago anticipado, reclamable a la mitad del plazo.
Ante la elección del Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como del Fiscal General de la República el pasado 24 de abril, además de oponerse y amenazar, urdieron una maniobra mayor iniciada con demandas de inconstitucionalidad en las que el resultado se fue de las manos, puesto que lo pedido y resuelto por la Sala de lo Constitucional, en la práctica, arrebata la independencia de la Asamblea Legislativa de un modo brutal, atropellando no solo la Constitución sino también Leyes secundarias como la Ley Orgánica Judicial, la Ley de Procedimientos Constitucionales, la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura y el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. Esta operación política ha sido articulada con elementos novedosos de presión mediática y finalmente de movilización en la calle y se ha rumorado fuertemente que la participación de la gremial empresarial podría alcanzar hasta un paro empresarial.
El hilo conductor de esta cruzada de la derecha identifica con claridad dos cosas: la primera, la naturaleza de intereses que se acostumbraron a proteger en las instancias judiciales, la segunda, el temor de interrumpir su estrategia para modificar el sistema político que se opera con la sustitución de contenidos fundamentales de la Constitución con resoluciones judiciales que transfieran la operación de la gestión de gobierno a los actores y representantes de la oligarquía, al poder económico. Hay que recordar que antes de la firma de los Acuerdos de Paz y las reformas constitucionales pactadas en ellos, el control político estaba reservado a la Fuerza Armada; antes de la paz el papel de los partidos como sujetos que deben canalizar las demandas de la sociedad era inimaginable. Las reformas constitucionales situaron un papel digno y nuevo a la institución armada bajo el poder civil electo por el pueblo; mientras que a los partidos políticos se les asignaran responsabilidades como la de proponer de manera exclusiva a ciudadanos para ejercer gobierno en representación del pueblo.
Desde 2009, detrás del ataque sistemático a las instituciones y a los partidos políticos, más allá de razones justas que en ocasiones tengan ciudadanos o sectores sociales, está para la derecha la pretensión de desestabilizar al nuevo gobierno y por la vía judicial transferir ese rol al poder económico oligárquico. Por supuesto que tales propósitos se expresan con camuflaje para articularse en lo posible con otros agrupamientos sociales. Si cambian discurso, no cambian su naturaleza oligárquica con todo lo que ello encierra en el plano social, económico y político.
Vistas retrospectivamente las elecciones de la CSJ en los últimos 18 años, la derecha utilizando diferentes recursos impuso su voluntad, ahora que por primera vez se le impidiera, pretenden romper la normalidad del país con su agitación. Pero como lo señaló el Presidente Funes, todos los días se trabaja en el Órgano Ejecutivo y Legislativo, el único afectado por esas resoluciones es el Judicial. Ahora debe iniciarse su normalización, es ahora que debe ponerse a trabajar junto a los demás para enfrentar los problemas que afectan a las mayorías y que requieren de los jueces tanto su concurso, como la justicia para todos los salvadoreños y salvadoreñas.
