Como ya se esperaba, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional  la elección de Ástor Escalante, como Fiscal General de la República.

Y es que era lógico. La Sala iba a resolver como lo hizo en el caso de los magistrados electos en abril de 2012, pues, había sido electo por una Asamblea que ya había elegido al fiscal actual, tal como ocurrió con los magistrados.

Y si los magistrados fueron declarados inconstitucionales, pues era obvio que lo mismo iba a suceder con el fiscal electo.
Es posible que el deseo del constitucionalista haya sido ese: que una Asamblea, en su periodo de 3 años, solo eligiera una sola vez, pero, eso no está explícito en la Constitución, de ahí que la anterior bancada legislativa decidiera elegir funcionarios de segundo grado, aprovechando, por supuesto, la correlación de fuerzas o aritmética legislativa.

El fallo de la  Sala de lo Constitucional dice: “Declárase inconstitucional, de un modo general y obligatorio, el Decreto Legislativo n° 1075, de 25 de abril de 2012, por medio del cual la legislatura 2009-2012 eligió, por segunda ocasión, al Fiscal General de la República, por la vulneración a la regla derivada del art. 192 incs. 1° y 2°, en relación con los arts. 80, 83, 85, 86, 124, 125 y 131 ord. 19° de la Constitución, consistente en que una misma legislatura no puede elegir en más de una ocasión al Fiscal General, e impedir a la siguiente legislatura realizar sus competencias relacionadas con dicha elección, y no permitir a la nueva legislatura verificar que en el candidato concurren los requisitos de moralidad y competencia notorias exigidos  por la Constitución para su elección”.

La resolución de la Sala, es acompañada por organizaciones aglutinadas en la Alianza por la Democracia, que están convencidas que los cambios en el sistema político deben hacerse a través de la Sala, a partir de interpretaciones constitucionales más que por el texto literal.

Esta visión es la que ha dividido y mantendrá dividida a la comunidad jurídica y el resto de la sociedad civil, pues unos están a favor de los políticos y otros de los juristas.

Esta división de visiones puede llevar al país a momentos de quiebres, en tanto que, cada uno está parado, de forma inamovible en sus posiciones doctrinarias.

Y creemos que la nueva resolución, será como un soplo para atizar el fuego de la crisis institucional. Esperemos que no sea así, que la cordura y la racionalidad se imponga.