Las voces a favor de una pronta solución al conflicto entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa, van en incremento, de ahí que también ya se ven pasos esperanzadores.

El jueves pasado, por ejemplo, durante la plenaria ordinaria hubo alboroto, rumores,  reuniones aquí y allá. Al final, lo que se hizo público fue que tanto el partido PDC como ARENA, habían presentado propuestas de comunicados en la línea de distensionar el discurso que dé pie a solucionar el conflicto.

Y también se supo de la reunión del Comité Agenda de País, en la que están representados todos los partidos políticos. Los legisladores no consensuaron un pronunciamiento.
Entre las propuestas está la reforma a la Constitución de la República, para establecer los periodos en los que los legisladores deben elegir magistraturas y evitar futuros conflictos sobre el tema; además, pretenden elegir nuevamente a los electos magistrados de 2006 y a los de 2012.

Creemos que entre las lecciones que se pueden tomar de esta crisis es la necesidad de hacer una profunda revisión de la Constitución Política para dejar plasmadas muchas de las inquietudes ciudadanas retomadas por la Sala de lo Constitucional en sus resoluciones.

Que una Asamblea elija sola una vez funcionarios de segundo grado, debe quedar establecido en la Constitución, pero, para ello hay que buscar reformas a través de la Asamblea Legislativa. Este debe ser el camino correcto y no la Sala de lo Constitucional, pues lo que provoca al final son conflictos innecesarios.

Hay demasiados temas importantes que discutir y lograr consensos, como para continuar con el estira y encoge entre órganos de Estado.
Obviamente, si bien el conflicto debe resolverse de inmediato, no es cierto que pueda suceder de la noche a la mañana. Hay que esperar la resolución de la Corte Centroamericana de Justicia, y que bueno sería, que cuando se tenga esa resolución, los partidos políticos tenga avanzada la discusión.

La solución del conflicto no debe, de ninguna manera, sacrificar a ninguno de los funcionarios electos, más bien, de lo que se trata es de su ratificación. Es decir, ninguno de los magistrados de 2006 y de 2012 deben ser sacrificados producto de la negociación.

ARENA, que ha actuado de forma oportunista en este conflicto, pretende que se confirmen los magistrados de 2006, pero elegir a los de 2012.
Esto deja de manifiesto, por cierto, que las solicitudes de inconstitucionalidad presentadas no eran porque se eligió dos veces y que supuestamente violaba la Constitución, sino, porque por la correlación ARENA no tenía posibilidades, las se le abren, con las resoluciones de la Sala.