Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional sesionaron ayer durante la tarde y acordaron que admitirían la demanda interpuesta en contra del Presidente de la República, Mauricio Funes, por la omisión del funcionario, al elegir a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública.
La demanda fue interpuesta por Eduardo Salvador Escobar Castillo y José Ramón Villalta, presidente de la Iniciativa para la Democracia (ISD).
Los demandantes razonaron que se debe de investigar “al Presidente de la República para determinar si hubo o no inconstitucionalidad en la supuesta omisión de dicho funcionario de nombrar a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), tal como lo disponen los artículos 52 y 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública”.
Según Castillo y Villalta, el pasado 9 de mayo efectuaron consultas en los portales informáticos de varios ministerios (Defensa, Gobernación, Justicia y Seguridad, Educación y Agricultura y Ganadería) sobre la participación ciudadana y sus mecanismos, información que es pública, según lo establecido en el artículo 10 número 21 de la relacionada ley. Sin embargo, afirman que esa información no había sido publicada. El siguiente paso para acceder a esta información sería recurrir al Instituto de Acceso a la Información Pública para que tome las medidas pertinentes que garanticen la disponibilidad de dicha información, pero eso no es posible ya que los titulares del instituto no han sido nombrados.
Con base en lo anterior, los demandantes establecen que no cuentan con la garantía institucional necesaria para ejercer debidamente su derecho, pues no pueden utilizar los mecanismos y procedimientos establecidos en la Ley de Acceso a la Información, pues para ello es necesario que exista el referido instituto.
El magistrado Florentín Meléndez dijo que luego de aceptada la demanda el Presidente de la República Mauricio Funes, tendrá 10 días para explicar o rendir un informe, sobre esta acusación.
Los magistrados argumentan que a pesar del conflicto suscrito desde su fallo de inconstitucional de los magistrados 2006 y 2012 siguen laborando.
Con fundamento en los motivos anteriores, la Sala de lo Constitucional admitió la demanda para verificar si se vulneran o no los derechos constitucionales a la protección no jurisdiccional y al acceso a la información pública –contenidos en los artículos 2 y 6 de la Constitución de la República.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional aseguraron ayer que seguirán trabajando y desconociendo a la generación 2012, ya que es inconstitucional.
Para Florentín Meléndez la única vía de solución de este conflicto entre los poderes es la elección de nuevos funcionarios.

Continúa proceso de inconstitucionalidad de elección de Escalante
La Sala de lo Constitucional informó ayer que recibieron una respuesta de la Fiscalía General de la República, firmada por el fiscal general adjunto en relación con la demanda interpuesta contra el nombramiento del abogado Astor Escalante Saravia como fiscal general de la República.
En dicho escrito, el fiscal general adjunto pide que se declare inconstitucional el nombramiento del abogado Escalante Saravia como fiscal general de la República.
La Sala, además, hace constar varias consideraciones, entre las que destaca el hecho de que el abogado Escalante Saravia solicitó que se declarase constitucional su nombramiento. Para ello, adjuntó una serie de documentación relacionada con el caso.
El siguiente paso en el proceso será la emisión de una sentencia por parte de la Sala de lo Constitucional que determine si, según los preceptos y principios constitucionales, es o no constitucional el nombramiento de Astor Escalante Saravia como fiscal general de la República.