La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), asentada en Nicaragua, admitió ayer la demanda que interpuso la Asamblea Legislativa de nuestro país, contra las resoluciones de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por la elección de magistrados en 2006 y 2012.

Las resoluciones de la Sala han sido rechazadas por la Asamblea Legislativa, tras considerar que las mismas atentan contra la Constitución, y en vista de que, según la Constitución, las resoluciones de la Sala deben ser acatadas, la Asamblea Legislativa recurrió a la Corte Centroamericana de Justicia. Esta decisión no ha sido respaldada por al bancada arenera, más por oportunismo político que por convicción de la legalidad de las resoluciones de la Sala.

Muchos han criticado a la Asamblea Legislativa por acudir a un organismo regional; mientras que otros han aplaudido la decisión del parlamento. Varios de los que critican la decisión legislativa, sin embargo, argumentan que la “Sala se extralimitó”, pero se oponen a que se esclarezca o no la legalidad de las resoluciones.

Creemos que la decisión de la Asamblea está fundamentada en una clara intención de evitar que las resoluciones de la CSJ pongan en peligro la institucionalidad del país. No obstante, algunos consideran que acudir a un organismo regional también puede afectar la institucionalidad. Esto, por supuesto, solo el tiempo lo determinará.

Creemos también, que cuando la Asamblea Legislativa busca una entidad superior, está convencida, en primer lugar, que las resoluciones últimas de la Sala de lo Constitucional son inconstitucionales; en segundo, que no basta su convicción o sus creencias, por lo que busca un ente superior especializado como la CCJ. Y, en tercer lugar, está diciendo que cumplirá la resolución de la CCJ, bien sea a favor o en contra. O sea, la Asamblea no busca imponerse a otro Órgano de Estado, solo busca la verdad jurídica.

Esperemos, entonces, que los jurisconsultos centroamericanos hagan un buen ejercicio de asimilación y comprensión suprema de la constitucionalidad salvadoreña, y que la resolución, además de una buena dosis de sabiduría, contenga lo más legítimos conceptos de la legalidad jurídica.

Ojalá, además, que el fallo sea dado al menor tiempo posible, para que no se incremente la incertidumbre y el vacío institucional en El Salvador. Así sea.