Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) podría resolver el caso del conflicto entre el órgano judicial y legislativo, generado por la sentencia de inconstitucionalidad de los magistrados electos en 2006 y 2012, a más tardar en 20 días.

El magistrado de la CCJ, Francisco Darío Lobo, explicó que hoy jueves  se resolverá si se  acepta la demanda interpuesta ayer por  una comisión de diputados de la Asamblea Legislativa que pide se declare “inaplicable” la resolución y si se avala decretar medidas cautelares.

Las medidas cautelares podrían ir dirigidas a que se deje sin efecto el “acto reclamado”, es decir, que  queden sin efecto las “implicaciones” que pueda traer la sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional de la CSJ de El Salvador.

«Si se acepta la demanda, lo que se le pide al poder demandado es un informe en un plazo de 20 días, una vez que rinda informe, incluso es tan rápido este juicio, que no hay necesidad de audiencia pública y se dicta sentencia, es un juicio rápido», explicó el magistrado.

Si se acepta la demanda, el viernes a más tardar el secretario general de la CCJ le notificaría al presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador de que la demanda está en trámite y que tienen el término de ley para poder defenderse.

“La parte demandada tiene derecho a defenderse,  aquí los recibiremos si ellos desean venir, no hay ningún problema, nosotros no tenemos compromiso con nadie, vamos a dictar una sentencia con imparcialidad, con independencia”, sentencio el magistrado.
Luego de decretar la CCJ una resolución, las partes tendrán que acatarla, ya que las resoluciones son de carácter vinculante y de jurisdicción obligatoria para todos los Estados que firman el tratado de la CCJ.

Si no se acatan, la CCJ convoca a una reunión de Presidentes miembros, para aplicar medidas contra el estado, mismas que pueden ser desde orden diplomático y financiero.

Para el Presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes,  se ha pedido que se declaren las medidas cautelares, para que en concreto se suspendan los efectos de las sentencias 19 y 23, porque ambas amenazan con paralizar un órgano fundamental del Estado salvadoreño como es el órgano judicial, generando un caos, y un vacío en el funcionamiento de las instituciones que imparten justicia.

“La paralización puede lesionar severa e irreparablemente, valores que son protegidos por la Constitución y los tratados internacionales”, explicó Reyes.
Asimismo, afectar casos de orden penal y civil, contencioso administrativo, y constitucional.

“Paralización tendría un impacto negativo en los derechos de los ciudadanos que tienen derecho de demandar justicia. Estamos demandando que de inmediato la CCJ ordene esas medidas cautelares”, advirtió.

Para la comisión de diputados salvadoreños, recurrir a la CCJ es porque representa un alto tribunal que en sí mismo, es la conciencia nacional de Centroamérica.

“En el Salvador se violento la Constitución, se pretende anular las facultades del órgano representativo por autonomacia de la voluntad popular que es el parlamento, que representa al ciudadano”, indico Reyes.

Que se acepte la demanda, que se dé le curso. Generar un verdadero caos por dos sentencias arbitrarias e ilegales que están generando la desintegración de un órgano del estado como es el judicial.

Mientras que Francisco Merino, de Concertación Nacional (CN), argumentó que con la demanda están solicitando que se aplique la justicia en el marco de integración centroamericana y es oportuno destacar que El Salvador es un miembro nato del sistema y dentro de esos la CCJ.

“Hemos estado confiando que es el organismo idóneo, calificado y creado para resolver sobre controversias como la que está presente en El Salvador, nosotros en la parte petitoria exponemos que se nos admita la demanda y que se declaren las medidas, obviamente el tiempo está trascurriendo”, indico Merino.
Asimismo, se mostró complacido de que la CCJ se muestre interesada en resolver con la celeridad del caso, comprendiendo la urgente necesidad de que existan soluciones dentro del marco de la legalidad, para que el caos del que se ha estado hablando al no tener magistrados la CSJ, a partir del 1 de julio, no llegue a pronunciarse de forma irreparable.