Dr. Nelson García Córdova
Cuando te encuentres ante el dilema de decidir entre la ley y la Justicia decídete por la Justicia.
Este es el caso que se presenta ante la algarabía, mas bien alharaca que despertó en ciertos sectores el nombramiento de dos profesionales de las armas en labores de seguridad pública, cuyo trasfondo real es de razones ideológicas que fueron precisamente las que crearon el intento de marginación total de la fuerza armada o mejor dicho de sus integrantes activos o pasivos dentro de la administración pública.
Esto es lo que vuelve tachables los argumentos de los que presumen querer velar por el orden constitucional mientras han callado frente a leyes aberrantes que atentan contra la justicia y el derecho. Son los que han tolerado que la Institución armada tome el control de los centros penales y para ser más claros el mando real de las operaciones policiales.
La realidad es que la seguridad de la nación, base fundamental de la Paz Social exige que la misma esté en manos de las personas más capaces sin distinción de raza, sexo o profesión. Esto lo ha ratificado la opinión pública en múltiples encuestas y manifestaciones.
Los muy forzados acuerdos de paz, nunca podrán ser valladar para el logro de fines superiores a los paridos por los contados ciudadanos que los acordaron. Y en los que para colmo se entendió que Policía Civil significaba que iba a estar formada por civiles y no como diferencia especifica a las demás clases de policías (militares, secretas, vaticana etc.).
La tétrica y nefasta realidad que hemos venido viviendo durante mas de veintidós años gracias a que civiles y militares de segunda categoría, hayan estado a cargo de la seguridad nacional debiera ser suficiente para que nos calláramos frente a la esperanza que inspiran gente de trayectoria honrada, intelectualmente privilegiada y patriota para afrontar este nudo gordiano al que nadie le había agarrado la punta.
Por otra parte el Presidente de la República, responsable directo de esos nombramientos, no solo esta plenamente facultado para ello, tanto por mandato constitucional sino por la tremenda fuerza electoral con la que asumió ese cargo y esos dos elementos se imponen sobre conceptos secundarios del orden que sean y más si atentan contra el bien común.
A estas alturas, ya se demostró la diferencia en los mandos, a las pruebas me remito, una eficacia que se vino reflejando paulatinamente hasta que reventó en lo que basado en estrategias inéditas y pos satanizadas dejaron estupefactos a tirios y troyanos, y así se van a quedar como dice la canción.
Pero como para algunos es necesario decir sálganse para afuera, súbanse para arriba y métanse para adentro entonces es pertinente que en la Constitución se diga que el requisito para ser Ministro de Justicia y Seguridad y Director de la Policía Nacional Civil es ser de formación académica y profesional inherente al cargo y si quieren ponen de ejemplo los nombres y apellidos de quienes pasaran a la historia como los mejores que hasta ahora hubo.
Una cosa si es innegable: Que la llegada a los mandos de dos personas serias y capaces ha significado en el término de dos meses un cambio en los índices anquilosados en que nos encontrábamos y como paradoja muchas de las fuerzas vivas (y tontas también) en lugar de apoyar los resultados hoy andan exigiendo explicaciones mediáticas y el colmo es que algunas son funcionarios que han fracasado en la misión constitucional de hacer valer los derechos humanos de los presidiarios lo cual me recuerda la frase de don Quijote a Sancho Panza que por sabida no repito. Y para el que no la sepa vaya a leer la obra. Y otra muy nuestra: EL QUE NO AYUDE, QUE NO ESTORBE.