Sobradamente conocidos son los abusos en el nombramiento y sueldos de algunos de los empleados y funcionarios de gobierno. La Asamblea, la Corte Suprema, la Corte de Cuentas y las autónomas, se llenan de amigos y parientes sin tareas que cumplir y con sueldos caprichosos, al grado de tener choferes ganando más que secretarias o las plazas a amigos y parientes, como los que se denunciaron en el CNR y se continúan denunciando en otras dependencias.


Este es uno de los cambios que bien podría impulsar el Ejecutivo: una Ley General de Salarios que estableciera igual sueldo para iguales funciones; que desde luego pusiera trancas efectivas para evitar los nombramientos y sueldos abusivos. Las normativas deben incluir desde luego a las autónomas y otras oficinas no directamente dependientes del Ejecutivo; deben incluir los sueldos de los más altos funcionarios y deben establecerse reglas para prestaciones, viáticos y tantos otros resquicios, aprovechados por una clase política que se alinea más en la busca de un ingreso que en el compromiso de servir.


Sueldos, viajes y nombramientos sólo son una parte del abuso que se hace de los fondos públicos. Debe regularse; sin embargo las sospechadas componendas para nombrar Magistrados y Fiscal, sólo pueden augurar más de lo mismo.

Y una Ley de Partidos Políticos
Y en el mismo camino de la transparencia y de la honestidad, urge que se apruebe una Ley de Partidos Políticos que entre otras normativas haga públicas las fuentes de financiamiento y obligue a una democracia interna. Que cuando un diputado abandone las filas de un partido, no pueda seguir ni como independiente y menos aún bajo otra bandera, puesto que el diputado es eso: un representante atado a sus votantes como su delegado.


¿Habrán madurado los tiempos para obligar a los diputados, manifiestamente culpables de esos abusos, a establecer normas de conducta a toda la clase política, que hasta ahora no ha sido sino una clase en busca de un empleo?...