David Ernest

o Pérez
Redacción Diario Co Latino

El Juzgado Especializado de Instrucción A ordenó la detención provisional contra los militares José Mario Mejía y Francisco Morales Miranda acusados de sustraer armas de la Fuerza Armada para supuestamente venderlas a grupos del crimen organizado.

Según la Fiscalía General, el juzgador encontró los elementos indiciarios para imponer la medida, además, el resto de implicados continuarán detenidos. Algunos están en el Centro Penitenciario de Metapán y otros en la prisión de Zacatecoluca.

Los acusados son: Víctor Manuel Peña  González, Gilberto Espinoza Hércules, José Alberto Ramos, José Luis Chacón Romero, Ángel Pérez Ramos y Jorge Nerio Lipe.
El Ministerio Público tendrá cuatro meses para ampliar las investigaciones.

Las investigaciones preliminares arrojan la posibilidad que los procesados sean integrantes de una estructura del crimen organizado con vínculos a nivel internacional.
Los miembros de la Institución Armada son procesados por los delitos de: tenencia y portación de armas de guerra, comercio ilegal de armas y agrupaciones ilícitas. 
Los ilícitos habrían sido perpetrados en la Hacienda El Ángel, Tapalhuapa cuando los indiciados presuntamente simularon la destrucción de un millar de granadas M67.
Según las investigaciones, los uniformados robaron los explosivos y lo vendieron a grupos delincuenciales de Guatemala y Honduras. Los procesados fueron capturados el 27 de mayo del 2011 y puestos a la orden del Juzgado de Instancia Militar. Dicho tribunal sobreseyó a Mejía y Morales Miranda.

El Ministerio Público consideró que estos últimos servían como una especie de “perito” para dar el aval respecto al estado de los materiales bélicos arrebatados de la Fuerza Armada.

En un primer momento el entonces ministro de defensa, General David Munguía Payés confirmó el robo de un mil 812 granadas. Sin embargo, la Fiscalía indaga el paradero de 7 mil 688.

Hasta el momento se desconoce qué grupos del crimen transnacional compraron los pertrechos desaparecidos. Tampoco se tiene un estimado preliminar del valor monetario de lo robado a la Fuerza Armada.

Al ser consultados sobre lo anterior, los fiscales del caso señalaron que estas informaciones serán corroboradas en el transcurso de las investigaciones.