Gerson Vásquez De La Cruz
Relaciones Internacionales, UES

Recientemente el pueblo salvadoreño ha sido testigo de sustanciales cambios en el área de seguridad pública, por parte del Señor Presidente Mauricio Funes, con el pretexto de brindar una estrategia eficiente que garantice un país de tranquilidad y erradicar la violencia ciudadana. En esa misma lógica se genera el primer cambio con el General Munguía Payés, quien fungía como Ministro de Defensa, y es nombrado Ministro de Justicia y de Seguridad Pública a finales del año 2011, y en enero del presente año se destituye del cargo de Director General de la Policía Nacional Civil, Carlos Ascencio, sustituyéndose por otro militar, el General Francisco Salinas. Luego, se hizo una serie de ajustes y remoción del personal directivo de la PNC, donde también quedaron algunos cargos estratégicos a mando de personal procedente de las Fuerzas Armadas.

Ante esta realidad, El Salvador se encuentra actualmente con un sistema de seguridad pública militarizado, lo cual significa que los militares vuelven a tomar el control y poder de la cartera de Seguridad Pública. Debido a lo anterior, surgen las interrogantes: ¿Es legal y moral el nombramiento de militares en las carteras de justicia y seguridad pública?; y, ¿Es posible detener la escalada de violencia nacional y consolidar un ambiente de paz y armonía con el tan solo hecho de militarizar las instituciones que garantizan la seguridad pública?

Respondiendo a la primer pregunta, la respuesta es moral y legalmente, no. Pues desde que finalizó la sangrienta guerra civil y se firmaron los gloriosos Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992, se estableció en el capítulo I de dichos acuerdos, referente a los Principios Doctrinarios de la Fuerza Armada literal “f”, que el mantenimiento de la paz interna, de la tranquilidad, del orden y de la seguridad pública esta fuera de la misión ordinaria de la Fuerza Armada como institución responsable de la defensa nacional, en este ámbito, el eventual papel de la Fuerza Armada es del todo excepcional, cuando se hayan agotado los medios ordinarios para ello, en los términos establecidos por la reforma Constitucional aprobada en abril de 1991; es decir, los Acuerdos de Paz separaron a las Fuerzas Armadas de la Seguridad Pública, pues la militarización había causado medio siglo de opresión militar, violación de los Derechos Humanos y de todas las garantías constitucionales para la persona humana.

Mientras que en lo jurídico, el nombramiento de un militar en la dirección de la PNC es una flagrante violación constitucional, puesto que en el artículo 68 de la Carta Magna, ordinal décimo séptimo, establece que corresponde al Presidente la atribución y obligación de organizar, conducir y mantener la Policía Nacional Civil para el resguardo de la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en el ámbito urbano como en el rural, con estricto apego al respeto a los derechos humanos y bajo la dirección de autoridades civiles.

Asimismo, los argumentos sistémicos de que los militares que actualmente ocupan estos cargos en la seguridad pública, están retirados y son civiles aptos para desempeñar esta labor, son completamente erróneos, ya que en el artículo 8 de la Ley de la Carrera Militar en su ordinal vigésimo quinto define  que la situación de retiro, es…“el estado en que se encuentran los militares que hacen uso del derecho a pensión en virtud de la ley respectiva, perdiendo el derecho de ascenso. Pero están en la disposición de ser llamados al Servicio Activo cuando las necesidades de Servicio lo requieran”…,  de tal forma que no existe la condición de ex militares, puesto que son militares hasta que mueren. Por lo tanto, estos acontecimientos son una clara violación a la Constitución de la República, y el pueblo debe de estar atento.

Finalmente, en cuanto a la segunda interrogante, de si la militarización es funcional para detener la escalada de violencia que sufre el país, la respuesta es, no. Porque la situación de la violencia social en El Salvador es un efecto causado por la falta de voluntad política que han tenido quienes condujeron al país desde los gobiernos del siglo pasado y principalmente, la elite del poder económico que instaló el sistema capitalista neoliberal y mercantilista para enriquecer a unos pocos y empobrecer a las mayorías, siguiendo líneas de mando del Fondo Monetario Internacional y sus Programas de Ajuste Estructural que han hundido la economía salvadoreña, con las privatizaciones de las instituciones públicas, Tratados de Libre Comercio para beneficiar la clase poderosa del país y la instauración del dólar como moneda nacional, causando pobreza, desempleo, exclusión laboral y social, y una cultura de consumismo desenfrenado.

Por lo tanto, la violencia en el país no es culpa de los pobres, ni de los jóvenes. Y esta no se resuelve decretando un Estado de Sitio, como lo pretende el nuevo ministro de Justicia y Seguridad Publica, General Munguía Payés, quien en un medio de comunicación esbozó la posibilidad de tomar la estrategia de no permitirles a los jóvenes menores de 18 años salir a las calles después de las nueve de la noche. Es decir, la seguridad pública no solo comprende protección física y evitar asesinatos, estas son simples “cortinas de humo” que no permiten al pueblo observar el verdadero origen que causa la inseguridad pública del país. Por eso, la solución ideal sería elaborar políticas de Estado que garanticen seguridad económica, política, jurídica, social, cultural, y principalmente, rescatar el papel del Estado como ente regulador de la nación, brindando mejores oportunidades de vida para las mayorías más necesitadas y exigir a la elite económica del país, trabajar en función social como lo establece la Constitución.

Desde esa función social de la empresa privada y de concretas políticas de Estado, tendremos seguridad pública, cuando El Salvador emita su propia moneda; cuando los empresarios que no pagan impuestos, los paguen, y los políticos que los administren, empleen transparentemente esos recursos en el desarrollo del país; cuando haya más oportunidades de trabajo debido a mayor inversión económica dentro del país y existan oportunidades reales y no politiqueras para la juventud; cuando exista educación gratuita y de calidad desde la primaria hasta la educación superior; acceso a servicios de salud de calidad; cuando los políticos piensen en el pueblo y no en intereses individualistas; cuando se cultive una nueva cultura de identidad nacional; cuando el país sea condonado de su deuda externa y se desvincule de los TLC´s; cuando el país erradique la pobreza; entonces habrá seguridad pública, y no con la militarización de la cartera de Estado de Justicia y Seguridad Publica que compete a civiles y probablemente conlleve a otros objetivos.

*Miembro de la Asamblea General Universitaria, AGU