Quito/AFP

Ecuador tramitará un salvoconducto para el director del diario El Universo, Carlos Pérez, cuando lo solicité Panamá -que le otorgó asilo y en cuya embajada se refugió-, aunque puede salir al no estar emitida la orden de captura en el juicio por injuria al presidente Rafael Correa.

"La embajada de Panamá en Quito todavía no solicita el salvoconducto", dijo el viernes el coordinador jurídico de la cancillería, Marco Albuja, a la AFP.

Cuando Panamá lo requiera "se lo tramitará inmediatamente si bien el señor Pérez no lo necesita aún porque la sentencia no se ha ejecutoriado", agregó.

Si bien la condena está confirmada, el tribunal aún no emitió la orden de captura y quedan instancias de impugnación. La ley ecuatoriana permite salir libremente del país a una persona que esté en la situación de Pérez.

"El gobierno ecuatoriano considerará otorgarle el salvoconducto en el momento en que Panamá lo solicite", señaló Albuja, apuntando que "no hay una obligación de Ecuador, es una cortesía diplomática con el gobierno panameño".

"Si quiere le doy para el taxi, para que vaya al aeropuerto y viaje. Lo que está haciendo es un show para que las cámaras lo sigan", indicó a su vez el canciller Ricardo Patiño a periodistas.

Entretanto, su homólogo panameño, Roberto Henríquez, declaró que se está "iniciando el proceso para solicitar el salvoconducto" para Pérez, quien permanece "asilado" en la embajada en Quito.

"Ese proceso se inicia, pero va a depender del gobierno ecuatoriano que se otorgue el salvoconducto, lo cual nosotros esperamos que así sea", añadió.

Pérez, quien este viernes salió al balcón de la embajada a saludar a la prensa, se refugió el jueves luego de que la suprema Corte Nacional de Justicia ratificó el fallo en última instancia.

La sentencia fijó tres años de cárcel y una multa de 40 millones de dólares para él y sus hermanos César y Nicolás, subdirectores de El Universo, quienes están en Miami y por ahora no planean volver a Ecuador.

La defensa no descarta pedir una ampliación o aclaración del dictamen, lo que postergaría su ejecución.

Correa anticipó el jueves que respetaba la decisión de Panamá, pese a que para él los hermanos Pérez no son perseguidos políticos.

Mientras, la defensa pidió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicte medidas cautelares para que no se ejecute la condena.

Ante el asilo a Carlos Pérez, el mandatario ecuatoriano se declaró extrañado, pues aseguró que su homólogo panameño, Ricardo Martinelli, es uno de los que más se queja de los "excesos de la prensa".

Al aceptar la solicitud, Panamá acreditó un "razonable temor" por la integridad del directivo.

Correa anunció el jueves que discutirá con su partido pedir que se revoque la sentencia, una facultad que tiene como demandante.

Y aunque no mencionó si esa posibilidad estaba atada a un pedido de disculpas, como reclamó durante todo el proceso para retirar los cargos, su abogado, Alembert Vera, expresó a la AFP que "perdonar sin que los acusados asuman su culpa, es impunidad".

En un comunicado difundido el viernes, El Universo, el mayor periódico de Ecuador, consideró que el juicio "supera ampliamente los múltiples ataques" que ha soportado de "dictadores militares y civiles, autócratas y poderosos grupos económicos inconformes" con su "posición pluralista, libre y democrática".

"El Universo reafirma su decisión de continuar informando bajo los principios de su fundador (Ismael Pérez), sin claudicaciones", subrayó la nota del matutino creado hace 90 años y con sede en Guayaquil (suroeste), donde sus empleados marcharon este viernes para rechazar el veredicto.

En Miami también está desde agosto el ex jefe de opinión del diario, Emilio Palacio, autor de la columna que motivó la querella en marzo de 2011 y condenado igualmente a tres años de cárcel y al pago solidario de la multa, de la cual 10 millones de dólares corresponden al rotativo como empresa.

La semana pasada, Palacio pidió asilo político a Estados Unidos.

En su artículo -que originó la demanda- el periodista dijo que Correa podría ser llevado ante una corte internacional, acusándolo de haber ordenado abrir fuego contra un hospital durante una rebelión policial el 30 de septiembre de 2010.