Bogotá/dpa

La Procuraduría General de Colombia denunció que la multinacional minera Frontino Gold Mine ayudó en los años 80 a los grupos paramilitares de ultraderecha y estuvo relacionada con una masacre que dejó 43 víctimas, al intervenir en una audiencia de juzgamiento cuyos detalles son divulgados hoy por medios locales.

La denuncia fue hecha por Jairo Salgado, representante de la Procuraduría (Ministerio Público) en el juicio que realiza la Corte Suprema de Justicia contra el ex congresista César Pérez, sindicado de ser instigador de una masacre cometida por paramilitares en el municipio de Segovia en noviembre de 1988.

Varios hombres armados llegaron a esa población del departamento de Antioquia (noroeste) y mataron a 43 personas, varias de las cuales militaban en el ya desaparecido partido político de izquierda Unión Patriótica (UP).

Pérez es acusado de haber pedido a los grupos paramilitares que ejecutaran la matanza para dar "una lección" a los habitantes de Segovia ante el impulso que en esa época había logrado la UP en detrimento del Partido Liberal, por el que éste se presentó a varias elecciones.

Salgado dijo este jueves en la audiencia de juzgamiento de Pérez que la matanza en Segovia fue una "alianza" entre políticos, paramilitares, militares y la Frontino Gold Mine.

Al pedir a la Corte Suprema que condene a Pérez, el delegado de la Procuraduría dijo que el político, que fue expulsado del Partido Liberal, instigó una "guerra sucia" en esa región para recuperar el poder que estaba perdiendo a costa de la UP.

"Todas las constancias procesales demuestran en el mayor grado de convicción que César Pérez fue el determinador de la masacre de Segovia, junto a paramilitares", dijo Salgado, según el diario "El Tiempo" de Bogotá.

El funcionario dijo que el ex congresista contó con la colaboración de algunos miembros de la Cuarta Brigada del Ejército y de la multinacional, pues existen evidencias de que en oficinas de esa empresa se imprimieron panfletos amenazantes contra los miembros de la UP.

La Frontino Gold Mine tenía en ese entonces capitales estadounidenses y en 2010 fue vendida a inversionistas canadienses.

"El Tiempo" señaló en noviembre pasado que el FBI de Estados Unidos estaba buscando el testimonio de ex paramilitares en el marco de investigaciones sobre la presunta financiación de multinacionales estadounidenses a los grupos armados de ultraderecha en Colombia.

Según la versión periodística, los agentes mostraron especial interés en entrevistarse con reclusos investigados por el asesinato de tres sindicalistas de la multinacional carbonífera estadounidense Drummond en Colombia.

Esa empresa fue investigada en el estado norteamericano de Alabama por el caso del asesinato de sindicalistas colombianos y en 2007 fue absuelta.

Sin embargo, el sindicato de la Drummond en Colombia demandó luego en Estados Unidos a la multinacional, a la que acusa de dar dinero a paramilitares desde 1999 para recibir "protección" ante posibles ataques de grupos guerrilleros.

Por su parte, la multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands admitió haber entregado 1,7 millones de dólares a los grupos paramilitares, por lo que en 2007 fue condenada en Estados Unidos a pagar una multa de 25 millones de dólares.

La bananera fue condenada por violación de las leyes antiterroristas de Estados Unidos por financiar las actividades paramilitares entre 1997 y 2004.