TeleSUR

Los dos sindicatos principales españoles convocaron huelgas generales para el próximo 29 de marzo en tres regiones de España en protesta contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. La normativa abarata y facilita el despido y concede poderes a los empresarios a la hora de firmar convenios colectivos.

Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han convocado el paro en las regiones de Galicia (noroeste), País Vasco (norte) y Navarra (norte).   De igual manera, llamaron a los españoles a una movilización para el próximo domingo en todo el país contra la normativa, que ha sido considerada por los sindicatos como "un ataque sin paliativos" a los derechos de los trabajadores.

Los sindicatos han lamentado que esta reestructuración "va a facilitar el despido y no va a crear empleo".  "Que nos digan hasta dónde están dispuestos a llegar porque nosotros les diremos hasta dónde estamos dispuestos a aguantar", han subrayado.

Los secretarios generales de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y de la UGT, Cándido Méndez, exhortaron a los españoles a "convertir las calles en un auténtico clamor y un hervidero durante la manifestión del domingo".

Entre tanto, los secretarios generales de CC.OO. y UGT en la comarca de l'Alacantí, Consuelo Navarro y Óscar Llopis, respectivamente, han mostrado su temor de que, con la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Rajoy, se "imponga el despido libre" en las 55 mil 043 empresas de menos de 50 trabajadores censadas en la provincia de Alicante (sureste).

"Unos 50 mil trabajadores en la provincia de Alicante podrían ser despedidos por esta nueva flexibilidad", que elevará a 300 mil el número de parados a lo largo de este año, manifestaron.

El pasado 10 de febrero, el Gobierno español aprobó una reforma laboral que reduce la indemnización para trabajadores fijos que sean despedidos de forma improcedente de los 45 días por año actuales a sólo 33, con un máximo de 24 mensualidades, abaratando los costos de los despidos.

Asimismo, busca modificar las políticas activas de empleo y disminuir las prejubilaciones, menos para casos excepcionales, al tiempo que pondrá freno al uso de las prestaciones por desempleo como mecanismo de jubilación encubierta.

Esta reforma es la tercera del gobierno conservador español, mientras el malestar social no deja de crecer en España, donde en promedio se lleva a cabo una manifestación semanal.

A finales de 2011, el desempleo en España había afectado al 22,85 por ciento de la población activa. Esta tasa es casi tres veces más elevada que en 2007, cuando el paro alcanzó un mínimo de 7,95 por ciento gracias al auge del sector inmobiliario.

El Banco de España, la Unión Europea (EU) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) habían presionado al Gobierno español para que reformara cuanto antes un mercado laboral considerado demasiado "rígido".