No cabe duda que este nuestro complotado aprendizaje de vivir en democracia  — difícil exclusión del autoritarismo militar –  hace aflorar diversos conflictos. Es que nuestra institucionalidad es débil, sea  por ignorancia sea por la idiosincrásica inercia de mandar o ser mandados.

    Ahora tenemos el interesantísimo caso del juez Samuel Lizama, quien en razonada sentencia ha declarado nulo un proceso, por ser incoado por el recién nombrado director de la Policía Nacional Civil cuya designación a tenor de la resolución, tiene vicios de inconstitucionalidad ya que según las normas supremas dicha institución policial debe estar en manos de civiles. Es un tema que si controvertido, debe tener respuesta en niveles de autoridades académicas del derecho y – formalmente —  a nivel de resoluciones de las correspondientes instancias.

    Los abogados en el CCD, opinan que la posición del Juez Lizama es legítima y ya en otros círculos se ha iniciado la controversia. Por proclividad a opinar festinadamente, ya habló quien más está indicado a observar la independencia de poderes; ese primer funcionario, sin exponer argumentos fundados que le hayan dictado sus asesores jurídicos (que ya le mal instruyeron en otras ocasiones), arguye, no al fondo filosófico de la cuestión, sino a un  supuesto sobre la personalidad del juez, diciendo que “hay jueces de dudosa conducta ética que liberan a los delincuentes”, pidiendo que espera que la CSJ “abra un expediente de este juez y se le investigue”.

    Para la ciudadanía que adversa la militarización y que ve con preocupación la suma de señales que nos hace temer que pronto volvamos a  los años de “autoridad” y palos, no debemos sino aplaudir la valiente posición del Juez Lizama, puesto que dará pie a discutir y ojalá resolver, basándose en calificados conocimientos, este tema que ayudaría a construir el necesario estado de derecho.

    Y bien que el Fiscal Barahona anuncie que impugnará la resolución ante la Cámara Segunda de lo Penal, pues con prudencia va por etapas y da lecciones a la apresurada opinión del Ejecutivo de llevarla inmediatamente al más alto tribunal. Bien que los entendidos en la materia discutan y ojalá agoten el tema, para poder dejar establecida – académica y no políticamente – una verdad. Los que vemos desde la barrera podemos censurar o aplaudir y esperar que esos conflictos nos maduren en nuestro difícil aprendizaje de la democracia; en hacernos exigir a juristas y políticos que se haga el máximo esfuerzo para establecer un fuerte y legítimo estado de derecho.