Zoraya Urbina
Redacción Diario Co Latino

La Mesa Nacional contra la Minería Metálica realizó una protesta frente a la Embajada de Panamá en el país, para condenar los asesinatos de indígenas que se oponen a la extracción de cobre.

Héctor Berríos, miembro de la Mesa, denunció la represión de la policía panameña contra la población indígena Ngöbe-Buglé, que ha dejado como resultado dos personas muertas.

En los últimos días, cientos de indígenas bloquearon carreteras y protestaron contra las hidroeléctricas y la explotación minera en su territorio. El gobierno que preside Ricardo Martinelli ha respondido con represión, según medios de prensa internacionales.

Se ha denunciado que la población de las provincias de Veraguas y Chiriquí, fue atacada en sendas ocasiones con gases lacrimógenos, lo que ha dejado, además de las víctimas mortales, varios heridos, versión que ha sido desmentida por la policía.

Pese a que la iglesia católica panameña ha promovido el diálogo entre el Gobierno y los indígenas, Martinelli no asistió a una reunión para ese fin, lo que provocó el descontento de los afectados, que cerraron la frontera que une Panamá con Costa Rica, en la localidad de Sixaloa, informaron las agencias.

“Estamos rechazando enérgicamente que a los compañeros indígenas, aborígenes de Panamá, se les reprima y se les asesine por defender su vida, por defender su ecosistema, ese gobierno panameños Ángel Ibarra, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), entidad que es parte de la Mesa.

Indicó que el Gobierno de Martinelli busca extraer el cobre que hay en la comarca e instalar plantas hidroeléctricas, “todo en nombre del desarrollo”, sin tomar en cuenta el bienestar de la población que rechaza los proyectos.

Berríos denunció que también en El Salvador, la lucha por evitar la extracción minera ha provocado muertos y les ha ganado amenazas a los ambientalistas. Denunció que la Fiscalía General de la República y las autoridades pertinentes no han prestado atención a estos delitos.

Indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decretado medidas de protección para él y su grupo familiar por las amenazas y atentados que han recibido, no obstante, las entidades encargadas de dar cumplimiento, han hecho caso omiso.