Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

El estado de excepción, la prohibición de la libre circulación de jóvenes de 18 años en horas de la noche, buscar atribuciones para que el ejército tenga más poder y declarar una “ofensiva” contra la delincuencia como lo ha anunciado el ministro de Justicia y Seguridad el general, David Munguía Payés, son medidas de carácter “militarista”, aseguran diferentes organizaciones y movimientos sociales del país.

Las organizaciones presentaron ayer un posicionamiento común y oficial del nuevo panorama de abordar la seguridad, desde que asumió el general David Munguía Payés como Ministro de Justicia y Seguridad y el general Francisco Salinas como Director de la Policía Nacional Civil (PNC), el cual consideran “grave” y “militarista”, aunque el mismo Presidente Mauricio Funes ha desmentido esa intensión.

En el documento razonan que el “nombramiento de militares frente del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la PNC, es un  grave retroceso en la incipiente construcción de democracia en El Salvador”.  “Pero, más allá de los nombramientos, la militarización de la seguridad pública y por ende de la vida de la población salvadoreña, se pone en evidencia en las acciones y las propuestas que están discutiendo los generales”, indica el documento.

María Silvia Guillén, Directora Ejecutiva de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), explicó que en el posicionamiento demuestran de forma “política y legal” que los militares siguen siendo militares, y que su doctrina será siempre de un militar.

“Nosotros hacemos un detalle preciso de todas las medidas que están proponiendo, que incluso el mensaje es militar, toda la propuesta es de militarización, y eso linda con violación a la Constitución y es realmente un atropello irrespetuoso a una guerra de  doce años y de más de 74 mil muertos, que desembocaron en los Acuerdos de Paz que se están echando al suelo con decisiones como está”, explicó Guillén.

En el documento también exigen que se garanticen y profundicen los avances alcanzados por el anterior gabinete; que se respete a los y las defensoras de Derechos Humanos, a las instituciones que representan y a la PDDH.

Mientras que el párroco de la iglesia de Mejicanos, el Padre Antonio, consideró que impulsar una medida de estado de excepción, está dentro del modelo fracasado de seguridad pública.

“Es una medida totalmente desenfocada porque en estos momentos un estado de excepción ante un problema social como es la inseguridad y violencia, y de grupo de niños, no es la solución”, explicó el sacerdote, que ha trabajado durante años en el tema de rehabilitación y prevención.

Agregó que “los problemas sociales se solucionan con estados de derecho, no de excepción, eso es, lo que no ha existido en el país históricamente, un estado de derecho que sea garante de los derechos humanos, de los derechos que los niños y los jóvenes deban de tener”.

La iniciativa aún está en estudio, detalló el Ministro de Justicia y Seguridad, el general David Munguía Payés.

Sin embargo, el párroco de la iglesia de Mejicanos consideró que presentar esa iniciativa es responder al modelo militar. “Lo que están buscando no es solucionar la violencia, sino tener un mayor control del territorio nacional y eso es gravísimo y, sobre todo, es gravísimo que pase en un gobierno de Mauricio Funes, gravísimo en un gobierno del cambio”, recalcó.

Ante estas propuestas, la organizaciones  han definido mantenerse vigilantes para evitar que existan más violaciones.
Carolina Constanza, del centro de Derechos Humanos “Madeline Lagadec”, reveló que harán llegar el posicionamiento oficial de las organizaciones civiles al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que ellos tienen una responsabilidad con El Salvador y el proceso de democracia, porque ellos fueron parte del proceso y cumplimiento de los Acuerdos de Paz. También será enviado el documento donde argumentan la ilegalidad del nombramiento de Munguía Payés y la supuesta militarización a la OEA, otros países amigos y países que contribuyeron en el proceso de paz en El Salvador.