A propósito de la conflictiva divergencia entre quienes creen que las universidades deben estar al alcance de todos y quienes sostienen que la masividad (término que por no ser académico, nuestra computadora cambió en anterior artículo por “pasividad”) choca con la excelencia que debería ser condición prioritaria en la preparación universitaria; y sin que se llegue a esa deseada excelencia, se oyen quejas por los altos costos en las universidades particulares. Incluso dicen, centros como la UCA que se creó – opinan —  con una visión de solidaridad social, parecen anteponer la faceta pecuniaria.

    La realidad salvadoreña, nos está diciendo que esa visión de poco compromiso pedagógico, está generalizada en el sector educación. En los jardines infantiles, en colegios primarios y secundarios, las matrículas, las mensualidades, los uniformes, los cuadernos y textos, son una carga que suena a mercantilismo o a mero consumismo, dictado por una inercia que desdice de la responsabilidad de los profesores que parecen no estar comprometidos consigo mismos, para ser llamados “maestros”; conducta que incluso las asociaciones de padres de familia avalan en sus periódicas reuniones. Y si el Ministerio de Educación trata de poner orden, los centros privados recurren a argumentos para diferir su cumplimiento y acuden a uno de los más venales defensores: la Asamblea Legislativa; ésta, que después de tres años de dictada una normativa para observar normas de calidad en la enseñanza y normas de seguridad en sus instalaciones, ha decretado una prórroga más porque 750 centros de 846 que están asociados, no cumplen con esas regulaciones. Es la enseñanza institucionalizada del incumplimiento, de la irresponsabilidad; la enseñanza que permea en los problemas que vivimos: la competencia por demostrar que “somos vivos” que “somos animalas”.

    Esa situación, en que los altas colegiaturas de las universidades privadas, entre ellas la UCA y como arriba dicho, de todo el sistema educativo, golpea el bolsillo de las familias, sólo es muestra de la no prioridad de un compromiso pedagógico, que riñe con su deber social y académico. Y sólo es un caso en las carencias educativas del país.