Facultad de Ciencias y Humanidades, Universidad de El Salvador

Ante el conjunto de fuerzas y sectores sociales del ámbito nacional e internacional, la comunidad de profesionales de ciencias sociales expresa su preocupación sobre los últimos nombramientos en el área de seguridad pública del poder ejecutivo.

Recientemente, nuestra Asamblea General Universitaria se ha pronunciado contra el nombramiento de un militar a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, considerando que con ello se abre un espacio al retorno del militarismo en El Salvador, y que tal nombramiento está en contra del espíritu de las reformas a la Constitución de la República realizadas a partir de los Acuerdos de Paz de 1992, dado que una reforma introducida en el artículo 168 de dicha Constitución -ordinal decimoséptimo- otorga al presidente de la República el mandato de: “organizar, conducir y mantener la Policía Nacional Civil, para el resguardo de la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en el ámbito urbano como en el rural, con estricto apego al respeto de los Derechos Humanos y bajo la dirección de autoridades civiles”. Desde la perspectiva de las ciencias sociales, es necesario señalar que las personas –en tanto son cuerpo-sentimientos construido por la cultura y la ideología- no pierden la calidad de militar, calidad que se mantiene aun cuando estén de baja o en calidad de retiro.

En la misma línea de análisis, el nombramiento de otro militar en la dirección de la Policía Nacional Civil, constituye una flagrante violación a los Acuerdos de Paz, dado que estipularon que: “Conforme a la Reforma Constitucional emanada de los Acuerdos de México, el resguardo de la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en el ámbito urbano como en el rural, quedarán a cargo de la Policía Nacional Civil, la cual estará bajo la dirección de autoridades civiles. La  Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada serán independientes y estarán adscritas a ministerios diferentes.”

Cabe expresar, al respecto, que la Fuerza Armada de El Salvador, a pesar de que fue objeto de depuración a raíz de su involucramiento directo en la violación de los Derechos Humanos, es una institución que aún no ha alcanzado un carácter plenamente democrático, tal como lo hacen evidente los pronunciamientos de rechazo que oficiales hacen frente al llamado presidencial a “examinar la historia militar y desconocer como héroes a militares que cometieron graves violaciones a los derechos humanos”.

El retorno de militares a la administración pública, especialmente en tareas de seguridad, se inscribe en la estrategia general del gobierno de Estados Unidos para militarizar los Estados y las sociedades de América Latina, bajo el pretexto de combatir la delincuencia organizada. Esta estrategia, que se aplica desde el Plan Colombia hasta la guerra contra la narco-delincuencia en México, a pesar de que tiene varios años de ejecución, no está ofreciendo los resultados esperados, y por el contrario, parece elevar aún más los niveles de muerte, crueldad y violencia en nuestros países.

En la actualidad, el problema de inseguridad pública asociado a la violencia delincuencial, es un problema transnacional que afecta especialmente a los países desde Colombia hasta México, incluyendo a Centroamérica y a El Salvador. En este sentido, la solución a la problemática requiere esfuerzos más allá de los ámbitos nacionales, razón por la cual será pertinente invertir esfuerzos en una convocatoria regional e internacional contra la problemática que afecta a nuestros países. De manera similar al esfuerzo realizado por las naciones del área de Centroamérica y el Caribe durante la década de los años ochenta para transformar los conflictos bélicos que afectaban a la región, en la actualidad se necesita un esfuerzo regional, apoyado por los organismos internacionales, para construir soluciones frente a la violencia.
Se sugiere que para la erradicación de la delincuencia se realicen propuestas que incluyan, del mediano al largo alcance, el fortalecimiento de las capacidades de nuestros Estados en la inversión pública, especialmente en salud, educación, recreación y generación de puestos de trabajo con salarios dignos, de tal manera que la población tenga opciones efectivas y al alcance de la mano para realizar su vida según las características del desarrollo actual.

En ese sentido, el fortalecimiento del Estado y su régimen democrático, es una necesidad de primer orden frente a la problemática actual de la violencia. Después de años de aplicación de políticas neoliberales los Estados se han debilitado y endeudado, perdiendo su capacidad de inversión y su noción de desarrollo autónomo. La aplicación de estas políticas también ha excluido a amplios sectores de la población que, como única alternativa, buscan su supervivencia en el sector informal y en la emigración. Consideramos que enfrentar y eventualmente erradicar la violencia y el auge de la delincuencia en nuestros países exige un cambio en las políticas públicas.

Por tanto, desde la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador recomendamos:

a) Nombrar a personal civil al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y en la dirección de la Policía Nacional Civil, respetando el espíritu de la Constitución de la República y los Acuerdos de Paz de 1992, en tanto éstos fueron un nuevo Pacto Social en el país.

b) Iniciar un proceso de convocatoria a fuerzas activas en la comunidad internacional, de cara a proponer y construir soluciones de mediano y largo plazo frente a la problemática de la violencia y el auge de la delincuencia que afecta a nuestros países.


San Salvador, 8 de febrero de 2012