René Martínez Pineda*

En el contexto de la militarización de la seguridad pública, se trasluce una tensión política estructural y una contradicción ideológica coyuntural, ya que los gobiernos latinoamericanos -democráticos o no; buscadores de una sociedad más justa o no- saben que hay generar (por razones electorales) la sensación de eficacia frente a la criminalidad, pero, sus cuerpos policiales son -según las encuestas de opinión- tan inútiles y carentes de credibilidad como lo son los diputados y partidos políticos. Los políticos saben que una solución real a la inseguridad es de largo plazo, pues, sus causas son históricas y económicas, mientras que los períodos electorales son, en el caso salvadoreño, de tres y cinco años, y por eso ven como ingenuo –aunque desde la lógica de la teoría social crítica no sea así- asumir los costos de corto plazo con medidas que darán frutos en un futuro más bien remoto.

Por tal razón –obviando la regularidad histórica- se opta por diseñar medidas simbólicas e inocuas, como el endurecimiento de las penas, la pena de muerte, la disminución de la edad de imputación penal, el aumento en el número de cárceles, estados de sitio parciales, entre otras. Así, la burocratización o politización del problema de la inseguridad pública –al obviar que es un problema económico en una doble vía, en tanto es a causa de la pobreza o del consumismo y es negocio- impacta negativamente en la eficacia de las medidas tomadas para enfrentar la delincuencia e, inevitablemente, instaura una lógica perversa en la que las políticas de gobierno son vistas como una forma de responder a la ansiedad social en el corto plazo, aunque la razón de la ansiedad jamás desaparece. Veamos unos ejemplos: el sábado 9 de Junio de 1917 (La Prensa) se publicó: “se hace saber que toda persona que se haga culpable del delito de robo, pillaje, violación, homicidio o atentado contra el orden público, será inmediatamente pasado por las armas”; el 2 de agosto de 1944 (Diario Latino) se publicó que: “la delincuencia infantil está subiendo de punto en el país”. En ambos momentos, los militares eran los responsables de la seguridad pública, en el marco de una dictadura que era tan férrea como impune.

En ese sentido, la convocatoria a los militares parece ser otro de esos impulsos inmediatistas que reposa en tres procesos vitales. En primer lugar, con el fin de la guerra civil y el pregonar de la tesis del “fin de la historia” (y por tanto de la eliminación de las causas clasistas del conflicto interno en los países) la función histórica de las fuerzas armadas fue cambiada, al menos formalmente, lo cual se materializó, verbigracia, en la participación de El Salvador en el conflicto en Irak. No obstante el espíritu de los cambios (literalmente expresados en los acuerdos de paz) los militares han mantenido una significativa presencia en el Estado salvadoreño, particularmente en la Asamblea Legislativa y en la dirección de varios partidos de derecha. Todo lo anterior –si se cree que las clases sociales no existen como contradicción antagónica, y si se olvidan los últimos dos renglones de nuestra historia- ha tenido un impacto positivo en la percepción del ciudadano común que, sin mayores criterios de juicio, valora lo que considera es un nivel superior de su profesionalismo.

En segundo lugar, los atentados del 11-S hicieron surgir, de la nada, una nueva «amenaza» a la seguridad regional y nacional, en los términos en que éstas son definidas por el esquema antiterrorista estadounidense, y eso potenció que los militares –defensores de oficio de la soberanía- se acercaran a la gente, los cuerpos de inteligencia y las policías. Lo anterior, se juntó con las amenazas “viejas” en algunos países, tales como el crimen organizado y las maras, cuyo conjunto constituye lo que podría catalogarse como “las amenazas permanentes” de la seguridad nacional, asignándole con ello mayores funciones a las fuerzas armadas, incluida la de la seguridad pública tal como en los tiempos de las dictaduras. Esa situación se expresa particularmente en México y América Central, en donde las maras son, por su accionar, una amenaza nacional, y por ello es “necesario que los militares se involucren en su combate”.

Un tercer factor es la preocupación creciente que representa la inseguridad para la población (modificando la arquitectura urbana con casetas de seguridad privada y alambrados) la que casi siempre señala como su principal problema –incluso antes de la pobreza- el aumento de la delincuencia, por lo que no es sorpresa que en los períodos electorales ese sea el principal tema de debate entre los políticos, sin importa que éstos digan lo mismo que han venido diciendo, y sin importar también que, en el fondo, el pueblo sepa que sus promesas jamás se cumplirán. Al respecto veamos: El martes 1 de Febrero de 1994, el partido ARENA publicó en un campo pagado (La Prensa Gráfica): “vamos a combatir las causas de la delincuencia desde sus mismas raíces, forjando un desarrollo sostenido con equidad, rescatando nuestros valores cívicos y patrios; creando más y mejores oportunidades con un gobierno que tiene experiencia y que goza de la confianza del pueblo… es un hecho, con ARENA vamos todos a vivir mejor”. Lo anterior hace de la actual propaganda de ese partido, un acto de cinismo. Ante la inoperancia de las estrategias usadas para combatir la criminalidad, la conclusión que emana del sentido común de la gente es que: “las instituciones gubernamentales encargadas de la justicia y la seguridad pública no funcionan para nada, o que están infiltradas por el crimen organizado”.

Entonces, si juntamos el temor público, la lógica electoral inmediatista y el “nuevo profesionalismo” de las fuerzas armadas, con las llamadas “amenazas permanentes” de la sociedad, el resultado es que se delinea un escenario signado por una “inevitable” participación militar en las políticas de seguridad pública. El resultado de esa ecuación, sin embargo, es engañoso y, ante todo, peligroso para la democracia. Ahora bien, la participación militar en funciones policiales es una solución aparente a la crisis de inseguridad, pero, al mismo tiempo, genera problemas que deben valorarse, uno de ellos es la formación y la naturaleza de la institución militar, que no son adecuadas para la función policial que es muy cercana a la ciudadanía. La formación castrense pone énfasis en la jerarquía, la disciplina y las estructuras de mando, cultivando un sentido de ente desligado de la sociedad y de impunidad en ella, por eso tiene prestaciones por sobre de la ley.