Oscar A. Fernández O.
La seguridad pública en El Salvador y el resto de Centro América (especialmente en el llamado triángulo del norte) está en el corazón del breviario político debido al aumento de los delitos especialmente de los homicidios, así como al temor que experimenta la población. La percepción de ineficiencia y corrupción de las policías y del sistema de justicia penal es una de las primordiales razones para recurrir a los militares y de que éstos asuman funciones cada vez más importantes en el mantenimiento del orden interno, dándoles así la oportunidad de volver a la palestra política.
El programa de gobierno del FMLN, que para ser elaborado fue consultado con amplios sectores populares y en el cual se confirmaba el carácter civil de la policía, estableció dentro de sus novedosas políticas de seguridad pública, estrategias de control, persecución y prevención del crimen, que de forma conjunta pretenden impactar en las consecuencias y en las causas de este complejo problema, que va más allá de las pandillas.
Iniciativas de reformas en la administración de justicia, readecuaciones en la institución policial como la contemporización y tecnificación de la investigación científica del delito y otras áreas estratégicas para la eficaz persecución del crimen, el énfasis en la participación comunitaria como artífice de la prevención y la vinculación de las instituciones del subsistema de justicia criminal con la ciudadanía, son algunos ejemplos de los procesos fundamentados en dicho programa.
Paradójicamente, el consenso discursivo, académico y político, sobre la necesidad de políticas integrales, que resuelvan las causas estructurales del crimen, se enfrenta con una emergente crítica ciudadana sobre la inseguridad y el requerimiento por acciones de resultado rápido y efectivo, lo que algunos creen que son efectivos por ser rápidos. Es por esto que en la actualidad son las políticas de corto plazo, efectistas y, principalmente de carácter represivo, las que se han convertido en fórmula frecuente de respuesta por parte de varios gobiernos.
De acuerdo a algunos organismos que siguen la tasa de homicidios en El Salvador, incluyendo los datos policiales y los del Instituto de Medicina Legal, el año 2011 alcanzó la cantidad de 4354 homicidios, equivalente a un índice de 72 homicidios por cien mil habitantes, sólo medio punto abajo del índice record (72.5) con el que recibió la seguridad pública el gobierno actual, en el año 2009.
En este contexto, el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública se ha convertido en una realidad en diversos países de la región. Aunque el avance del proceso de democratización y el fin de los conflictos armados hacían pensar en una disminución de la participación de los militares en el contexto interno, lo cierto es que la percepción de ineficiencia de los sistemas policiales, judiciales y de rehabilitación han reavivado el debate sobre el uso de los militares en política interna, lo cual colabora a confundir lamentablemente el concepto de seguridad pública con el de “guerra contra el crimen”. Entendamos, para los que fingen no saberlo, que por ejemplo el fenómeno de las pandillas es hoy un fenómeno social arraigado fuertemente en familias y hasta comunidades enteras que sirven de “base social”, donde esto se ha convertido en un modo de sobrevivencia, al margen de la ley. ¿Dentro del concepto de guerra que hoy se maneja como política pública, toda esta gente deberá ser considerada “el enemigo”?
El cercano recuerdo de sanguinarias violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en diversos países de la región y lo establecido por los Acuerdos de Paz de Chapultepec (1992), establece un antecedente complejo y de preocupación para los especialistas en el tema. De esta forma, en algunos países los grupos de defensa de los derechos humanos han manifestado su preocupación por el involucramiento de militares en la seguridad pública. “El Procurador (de los Derechos Humanos) Oscar Luna considera que la designación de un militar al frente de la PNC viola la Constitución de la República y los Acuerdos de Paz.» (La Prensa Gráfica, 24 de enero de 2012).
El aumento de los delitos violentos, la multiplicación de las armas de fuego, la percepción de corrupción e ineficacia del accionar policial y de la justicia, así como la exigencia ciudadana por respuestas inmediatas, son los principales elementos de este sombrío paisaje. Paralelamente, la ciudadanía confía en los militares y considera que pueden ser mucho más efectivos en el control de la delincuencia, por el carácter de su disciplina refleja, las técnicas de guerra y la primacía en el uso de la fuerza letal.
A principios de los noventa la subordinación política de los militares, así como su especialización en temas de defensa, fueron ejes centrales de análisis debido asu participación negativa en la política nacional durante las décadas previas. En ese entonces, proponer su reinstalación en temas internos era prácticamente impensable. Sin embargo, en la actualidad se experimenta una situación especial respecto de la intervención militar en funciones policiales, que tiende a considerarse obligatorio.
Durante los años 90, la cooperación internacional aportó con sugerencias y financiamiento tanto en los procesos de democratización como en la firma de los acuerdos de paz en Centro América, donde uno de los elementos centrales de dichos acuerdos fue la diferenciación entre las tareas propias de las policías y aquellas desarrolladas por las Fuerzas Armadas. Con el empeoramiento de la situación de seguridad interna enfrentado en la región, los Estados Unidos han jugado un papel relevante en la vinculación de las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno.
En el plano público, se evidencia una tensión política estructural ya que los gobiernos democráticos y los liderazgos políticos sienten la necesidad político-electoral de crear la impresión de eficacia frente a la criminalidad, pero sus cuerpos policiales son, en el mejor de los casos, ineficientes.
Los políticos tradicionalistas saben (al fin lo han entendido) que una solución a la inseguridad es de largo plazo, mientras que los ciclos electorales son de tres años, por lo que asumir los costos de realizar reformas que podrían dar fruto en un futuro lejano, les restaría réditos en su campaña.
Por el contrario, la tendencia es a proponer y realizar medidas mitológicas, como la pena de muerte, el endurecimiento de las penas, más prisiones, la disminución de la edad para echar a la cárcel a jóvenes y niños, entre otras iniciativas. Así, la búsqueda de réditos políticos a costa del problema de la seguridad impacta negativamente sobre la calidad de las iniciativas de reforma necesarias para enfrentar la criminalidad y “se instala una lógica perversa, en la que las políticas son vistas como una forma para responder a la ansiedad pública en el menor tiempo posible” (Lucía Dammert 2007)
Desde un punto de vista institucionalista tradicional, durante el período posterior a los procesos de democratización de los países de la región, las Fuerzas Armadas han intentado mantener -y en algunos casos aumentar- muchas de sus prerrogativas y roles ejercidos en el pasado, incluyendo aquellas de índole policial y de control ciudadano (operaciones de inteligencia y represión). Con el cada vez más generalizado uso de militares en seguridad pública, se ha generado un intenso debate sobre la pertinencia de este tipo de medidas entre académicos, políticos y gobernantes.
Los Acuerdos de Paz en El Salvador, piedra angular para construir la democracia, establecieron un indisoluble compromiso para hacer profundos cambios en el campo de la seguridad pública. Estos acuerdos, incluían como condición indispensable para cesar el conflicto armado, la desmilitarización de la sociedad, que significaba que las fuerzas castrenses se supeditaran a la civilidad social y dejaran la toma de decisiones para gobernar al poder civil, sin injerencia alguna.
Sin embargo, el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, sobre todo en el llamado triángulo norte centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador), se observa como una política que permanecerá en el largo plazo. En un contexto del fuerte descrédito de las instituciones policiales y una baja efectividad en disminuir el número de delitos, las Fuerzas Armadas son vistas por la población como las instituciones que de manera natural deben actuar en cuestiones de seguridad. Esto se explica porque la ciudadanía está marcada por la inseguridad y por una notable decepción con la incapacidad de los gobiernos en los últimos veinte años, que prácticamente permitió que el problema de la violencia volviera a instaurarse como parte de la cotidianidad social.
Frente a ello, la justicia y la policía han mostrado fragilidades profundas que permiten el aumento de la impunidad, la inseguridad y la desconfianza entre los ciudadanos. Esta situación ha sido enfrentada sólo parcialmente, con medidas de reforma institucional que en el mejor de los casos han tenido impactos sólo parciales.
En El Salvador, particularmente la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General y la Administración de Justicia, necesitan urgentemente de reformas profundas, tanto en su función como en su organización y formación profesional. Buena parte de las causas del debilitamiento de dichas instituciones se encuentra en estas deficiencias sistémicas, fuertemente enraizadas en el debilitamiento del Estado, a causa de la imposición del modelo neoliberal que ahora está en crisis.
Pueda que actualmente los militares estén jugando un rol importante, tratando de reparar el daño social, económico y político realizado durante muchas décadas, pero las consecuencias pueden ser catastróficas. La escalada en el uso de la violencia, las restricciones de derechos en nombre de mayor seguridad y la crisis de la legitimidad institucional, son sólo algunos augurios lógicos en una realidad que se debate desde hace más de ochenta años, en el marco de la violencia.
Todo lo anterior establece un escenario preocupante donde las fuerzas armadas podrían desarrollar o aumentar su capacidad de presión política y, por ende, desempeñar un papel poco acertado del cual conocemos los salvadoreños desde hace mucho tiempo.
