Bianca Segura
Redacción Diario Co Latino
 
El tema de las detenciones arbitrarias hacia los ciudadanos es uno de los temas importantes para  la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debido al respeto de los derechos humanos de los detenidos.  En un afán por realizar una evaluación de la situación en el país,  el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria  de la ONU, realizó una  investigación  sobre las bartolinas y cárceles del país, con resultados preocupantes.

Para Hadji Malick Sow,  Presidente del Grupo de Trabajo, uno  de los principales problemas del país es el hacinamiento en las cárceles y bartolinas, ya que los procesos judiciales son demorados por las instituciones de Justicia.  Según Sow,  muchos detenidos entrevistados  durante su investigación, cumplieron su pena pero aún permanecen presos porque no han recibido la notificación que les acredite su libertad.

Debido al hacinamiento, los presos viven en condiciones precarias . “La situación de los  centros penales en el país es chocante y no garantiza la seguridad”, afirmo  Roberto Garretón, también miembro del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Los funcionarios recalcaron que es importante  mantener un equilibrio entre el derecho a la libertad y el derecho a la seguridad, a través de distintas políticas públicas. Asimismo, enfatizaron que las personas que se encuentran en los centros penitenciarios tienen derechos al igual que las personas que  están en libertad y que deben permanecer en condiciones que les permitan una reinserción  a la sociedad y respeto a su dignidad.

Según datos recabados por la institución, las cárceles  tienen una sobrepoblación del 300% de su capacidad.  En la actualidad,  existe una población reclusa de 25 mil 411 prisioneros a nivel nacional cuando  solo  puede recibir  ocho mil 100 reclusos.

Los miembros del Grupo de Trabajo aseguraron que no tiene datos sobre detenciones arbitrales en el país, debido a que no hay ninguna denuncia internacional por este tipo de faltas.  Sin embargo,  les alarma que siete  de 56 mil detenciones realizadas por la Policía Nacional Civil (PNC) son basadas en orden judicial.  Además, los detenidos en bartolinas permanecen por 72 horas, a veces sin derecho a un abogado. Incluso, detallaron que existen casos donde las personas pasan en ese lugar por tres meses sin ser llevados ante las instancias judiciales.

En el caso de los juicios, la investigación indicó que los presos conocen a sus abogados durante el juicio sin poder hablar  con su defensor   de una forma confidencial  y que son víctimas de los exhaustivos registros por parte de las autoridades al ingreso del penal.  Esta situación hace que muchos  juristas  no asistan a estos centros para hablar con su clientes.

Otro punto es la sobresaturación de trabajo que tienen los defensores para  poder defender  bien a sus clientes durante un juicio.

Por otro lado, a la comisión le preocupa que el sistema judicial salvadoreño tenga una dependencia  de  las declaraciones de los testigos “criteriados”,  cuando existen otras pruebas científicas y de peritos que  tienen mayor credibilidad que  las confesiones de otro  reo que está condicionado por los beneficios por involucrar a otra imputado en un delito. 

Una de las propuestas preliminares  que le brindan al gobierno es la ratificación del Protocolo Opcional  a la Convención sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, con el objetivo de que ayude a  solventar los problemas de la sobrepoblación  y las condiciones precarias de los presos.

Además, establecer mecanismos que identifique a los presos que cumplieron sus sentencias  para que sean puestos en libertad y, de esta forma, paliar el hacinamiento de los centros penales, elevar el número de  jueces de vigilancia  para tener un control efectivo de la situación judicial de los detenidos.

Los  miembros del Grupo de Trabajo afirmaron que darán más recomendaciones sobre  esta investigación  en un informe  que será dado a conocer en mayo del próximo año.